La Contraloría entregó primer informe a la JEP sobre casos de responsabilidad fiscal relacionados con el conflicto armado  colombiano, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz

*En Tumaco, se han proferido fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de $1.246 millones y, adicionalmente, se han detectado 27 irregularidades por un valor de $3.092 millones, que deberán ser evaluados por la JEP para verificar su relación directa o indirecta con el conflicto armado.

*El Contralor Edgardo Maya Villazón reportó también situaciones irregulares que, en desarrollo de sus labores de vigilancia fiscal, ha detectado la CGR en otros 2 municipios de Nariño: Barbacoas y Ricaurte.

*De acuerdo con el llamado “Acuerdo Final”, la Contraloría tiene el deber de remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz, la relación de casos con presunta incidencia fiscal que se hayan cometido con ocasión o en desarrollo del conflicto armado colombiano.  

 

Bogotá, 29 de agosto de 2018.- El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un primer informe relativo a los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño, que da cuenta de irregularidades que han sido detectadas en el ejercicio del control fiscal, que comprometen recursos públicos y que podrían estar relacionadas de manera directa o indirecta, con el conflicto armado interno.

El organismo de control atendió así una solicitud de la JEP relativa a hechos a que han ocurrido en esos 3 municipios desde 2007, para que sea esta Jurisdicción la que determine la relación con el conflicto.

Luego de consultar sus sistemas de información, la Contraloría encontró para este primer informe que en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, para el periodo 2013-2017, la Contraloría adelantó un total de 24 actuaciones de control fiscal, en las modalidades de auditoria, actuaciones especiales de fiscalización y atención de denuncias, detectando un total de 159 hallazgos.

En relación con los hallazgos con presunta incidencia fiscal, en el municipio de Tumaco se detectaron 27 irregularidades por un valor de $3.092 millones, mientras que en los municipios de Barbacoas y Ricaurte se configuraron 5 y 7 respectivamente, en cuantías de $2.147 millones y $220 millones.

Igualmente, se observó que más del 80% de los procesos adelantados por la Contraloría en los 3 municipios analizados, se concentran en el municipio de Tumaco, en donde se han proferido fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de $1.246 millones, encontrándose en trámite 17 procesos, cuya cuantía asciende a $1.577 millones.

Según explicó el Contralor Maya Villazón, para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta dos aspectos: por un lado, los resultados de las actuaciones de control fiscal adelantadas por la Contraloría, definidos en los hallazgos con presunta incidencia fiscal trasladados a los operadores fiscales, y por el otro, los procesos de responsabilidad derivados de los mismos.

Primero de los informes que debe rendir la CGR a la JEP

De conformidad con el punto 5.1.2 del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, la Contraloría tiene el deber de remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz, la relación de casos con presunta incidencia fiscal que se hayan cometido con ocasión o en desarrollo del conflicto armado colombiano.

Otros apartes del Acuerdo Final también mencionan a la Contraloría al referirse al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales, al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, al Sistema Integrado de información y medidas para la transparencia de la implementación del proceso y finalmente, en lo concerniente a los mecanismos de participación y verificación.

Para atender este mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 888 de 2017, por el cual se creó en la Contraloría General de la República la Unidad Delegada para el Posconflicto, como una dependencia autónoma que tiene la misión de liderar y coordinar las acciones y compromisos de este organismo de control, relacionados con el seguimiento de los recursos públicos que invertirá el Estado colombiano durante los próximos 20 años, de cara a la implementación del Acuerdo Final.

Avanza colaboración con la JEP

“La Contraloría, a través de esta Unidad y la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, ha gestionado con la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una nutrida colaboración”, destacó el Contralor General en el acto de entrega de este primer informe.

“Hemos logrado establecer los términos dentro de los cuales se deberá recopilar y remitir la información, de modo que la misma sea oportuna y útil de cara a las exigencias y funciones de la JEP, dirigidas a establecer un contexto o patrón en determinadas regiones del país, en donde las irregularidades que hayan sido detectadas en ejercicio del control fiscal, comprometan el concurso de recursos públicos y estén relacionados de manera directa o indirecta, con el conflicto armado interno”, dijo el Contralor Maya Villazón.

El avance de esta colaboración será determinante para el éxito de coordinación de los distintos componentes del Sistema Integrado de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, consideró.

“Como se ha insistido desde los tiempos de la negociación, el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron vulnerados sus derechos y las normas que los protegen es fundamental y todos los organismos de control deben sumarse al propósito, para que las medidas en materia de verdad y justicia, en particular la atribución de responsabilidades y la imposición de sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, sean una realidad.”, añadió.

Nunca más

Maya Villazón respaldó de manera categórica los avances de la JEP, como también los desarrollos que en materia de esclarecimiento de la verdad y la reparación puedan darse.

“Los resultados deben permitir un proceso de rendición de cuentas al país por lo ocurrido y deben dirigirse a que nunca más se vuelvan a comentar nuevas violaciones, que opere la garantía fundamental de la no repetición y se termine de manera definitiva el ciclo de violencia que ha azotado al país”, concluyó.

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