Uno de los grandes retos para las empresas que distribuyen energía en el país son las llamadas pérdidas, las cuales se presentan como consecuencia de la manipulación de redes y equipos de medida para evitar el pago real de la energía que llega a sus viviendas o establecimientos comerciales.
Si bien es cierto, el artículo 256 del Código Penal establece la Defraudación de Fluidos como un delito por manipular las redes eléctricas con el ánimo de obtener el provecho en detrimento de la empresa, adicionalmente, en el Código Nacional de Policía se establecen una serie de multas por los siguientes comportamientos:
Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento o modificación de las estructuras de los servicios públicos; modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos; no reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, cuando estas reparaciones corresponden al usuario e instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios públicos respectiva (Art. 28 y 92 del Código Nacional de Policía).
Lo anterior sin perjuicio de que Electricaribe pueda cobrar al usuario la energía consumida dejada de facturar por esta misma conducta.
Estos comportamientos les pueden acarrear a los usuarios multas de hasta 32 salarios mínimos legales diarios, las cuales son impuestas por los inspectores de Policía, previa imposición de comparendo por parte del personal uniformado de la Policía Nacional.
A la fecha, se han impuesto 8 comparendos iniciados de oficio por parte de la Policía Nacional, de los cuales dos ya han sido pagados por los usuarios. A su turno, la empresa Electricaribe ha presentado 9 querellas con la misma finalidad.
“Cualquier injerencia en la red, sin la autorización de la empresa afecta los circuitos y por ende la calidad del servicio, esto sin contar el riesgo que asumen los usuarios y la consecuentes pérdidas económicas para la empresa”, dijo Arnold Alvarez, Gerente de Electricaribe en Atlántico Norte.
Ante este panorama la empresa trabaja en varios frentes. Hace constantes revisiones en diferentes sectores, utiliza equipos telecontrolados para verificar el consumo sectorizado de los clientes y con apoyo de las autoridades se busca sancionar a los clientes que insisten en obtener la energía en forma ilegal y anti técnica, evadiendo el pago del servicio que reciben.
