La Ley 2052 del 25 de agosto de 2020, sancionada por el Jefe de Estado, crea las condiciones para racionalizar, automatizar y digitalizar trámites con el Estado.· La norma establece que los trámites que se creen a partir de su entrada en vigor deberán realizarse totalmente en línea por parte de los ciudadanos.
La Ley de Racionalización de Trámites, sancionada por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, facilitará la transformación digital del Estado al crear las condiciones para racionalizar, automatizar y digitalizar gestiones y procedimientos de las entidades públicas, informó el Departamento Administrativo de la Función Pública.El Presidente Duque sancionó la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020, ‘por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, y a los particulares que cumplan funciones públicas y administrativas, en relación con la racionalización de trámites, y se dictan otras disposiciones’.Al facilitar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas y el cumplimiento de sus obligaciones, esta norma les permitirá a los colombianos disponer de mejores condiciones y ahorro de tiempo y dinero a la hora de realizar trámites, señalo Función Pública.La ley sancionada establece claramente que los trámites que se creen a partir de su entrada en vigor deberán realizarse totalmente en línea por parte de los ciudadanos. Además, obliga a las entidades públicas a identificar las cadenas de trámites en las que cada una participa y priorizar la simplificación y automatización de dichos trámites.Para lograr ese propósito, las entidades deberán hacer uso de los Servicios Ciudadanos Digitales como Interoperabilidad, que permite el intercambio automático de información con otras entidades; y Autenticación Digital, que mitiga el riesgo el riesgo de suplantación al realizar trámites digitales con el Estado.La norma señala que su objeto es ‘facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad’. (Con información de Función Pública) (Fin/gta)
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