Superintendente del subsidio familiar considera decisión de la Procuraduría improcedente y contraría al Estado Social de Derecho

El Superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, respondió a la Procuraduría General de la Nación por la suspensión provisional del ejercicio del cargo de Superintendente, por tres meses, aduciendo que él tiene las facultades legales para tomar medidas como la intervención administrativa de una caja de compensación familiar y nombrar director administrativo y agente especial de intervención.

En ese sentido, el doctor Pérez Casas, hace referencia a la Ley 25 de 1981, que crea la Superintendencia del Subsidio Familiar, el decreto único Reglamentario 1072 de 2015 del sector Trabajo y el Decreto 2595 de 2012, normas que lo facultan y le asignan toda la competencia legal para tomar estas medidas.
Teniendo en cuenta que al momento de llegar a la Superintendencia existía la Resolución 0498 del 5 de agosto de 2022, que conformó una lista cerrada de personas elegibles como director administrativo y agente especial de intervención, algo no contemplado en las normas, el superintendente Pérez Casas, como garante de los principios de participación, pluralidad e igualdad de oportunidades expide la Resolución 0679 del 14 de octubre de 2022.
Este acto administrativo, realizado conforme a la ley, permitió incluir nuevos candidatos a esa lista de elegibles, darle transparencia a este proceso y mantener por igual el derecho de todos los candidatos de la lista de elegibles.
Sin embargo, para la Procuraduría, la expedición de esa norma transgrede los derechos de las personas incluidas en la lista de elegibles creada con la Resolución 0498 de 2022.
Algo inexplicable para el superintendente Pérez Casas, toda vez que catalogan esta actuación como algo delictivo, prevaricato por acción, y por eso la determinación de la suspensión temporal del cargo.