No olvidemos.»En los páramos nacen las principales estrellas fluviales de las cuales dependen el 85% del agua pura,para consumo humano,riego,generación de electricidad»
Mientras el país estaba concentrado en el Mundial, en el Congreso se jugaba un partido que buscaba la aprobación,casi a pupitrazo, de leyes en un legislativo que está en sus últimos días.Una de esas fue la ley “gestión integral de páramos”,la cual está pendiente de la sanción presidencial.
Aunque en general la ley está planteada para conservar estas áreas protegidas de los usos de la minería, hay varios artículos que generan polémica ya que para los ambientalistas y para las Corporaciones Autónomas Regionales se trata de “micos”.
El más cuestionado es el artículo 26 que establece que el recaudo al impuesto al carbono se destinará al Fondo Colombia en Paz (FCP). Según la ley, el 90 % del recaudo del impuesto nacional al carbono irá a este fondo para la sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto.
“Estos recursos se entregarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente”. Además, “el 10% se destinará a la conservación de páramos” y serán manejados por el Fondo Nacional Ambiental.
La ambientalista Sandra Vilardy se preguntó: ¿terminaron los recursos para la adaptación al cambio climático y la restauración de ecosistemas subsidiando la implementación del Acuerdo de paz? Como dicen por ahí vendiendo el riñón para hacer la diálisis”, dijo la experta.
También llamaron la atención las Corporaciones Autónomas Regionales (ver recuadro), las cuales a través de un comunicado conjunto entre Corpourabá, Cornare y Corantioquia explicaron que el artículo 24 tiene una redacción confusa y que genera gran preocupación para las autoridades ambientales, “porque no clarifica qué recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían a las corporaciones”.
Con la modificación,explicaron las CAR, se establece que una parte de los recursos provenientes de transferencias y tasas que actualmente perciben las corporaciones, serán transferidos también al Fondo Nacional Ambiental y,con esto,“se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual se encuentran dotadas las corporaciones al trasladar el manejo de recursos”.
A esto se le suma que la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán aseguró que la nueva ley tiene en vilo a pueblos como Vetas,California,Charta,Tona,Suratá y Matanza, que dependen completamente de la minería tradicional,ya que deja en firme la prohibición de la minería,la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala en los páramos.
Así lo estableció el artículo 5 que prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, así como las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas.
La iniciativa también obliga al Gobierno a “implementar programas de reconversión o reubicación de pequeños mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización ambiental procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida”.
Las empresas o las personas que incumplan estas disposiciones tendrán una multa de hasta 5 mil salarios mínimos, es decir, 3.906 millones de pesos y el decomiso de los implementos.
Según el representante Luciano Grisales, ponente de la iniciativa, el propósito de esta ley,efectivamente,es que queden prohibidas las actividades de explotación minera en los 30 páramos delimitados.
Ahora bien,en términos generales uno de los puntos a favor de la ley es que se deja claro que desde ahora se delimitarán estos ecosistemas “con base en el área de referencia generada por el instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt”, lo que brinda al Gobierno un criterio científico como dice el experto ambiental,Manuel Rodríguez.
“Este es un gran avance porque para cambiar la delimitación del páramo el gobierno, en este caso el Ministerio de Ambiente,solo podrá cambiar los límites con un criterio científico que en este caso lo aporta una entidad que no tiene nada que ver con ninguno de los poderes públicos”, dijo Rodríguez.
El Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado.
37páramos tiene el país, de los cuales 30 están delimitados, según el Minambiente.
Contexto de la Noticia
La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars, manifestó su preocupación respecto a este proyecto.“Estamos de acuerdo con el objeto del proyecto de ley.Sin embargo,pone en riesgo no solo la implementación de las medidas adoptadas en función de los páramos,sino también el ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental adelantada en todo el país, análisis que nos permite presentar suficientes razones de inconstitucionalidad e inconveniencia,para solicitar respetuosamente al presidente Juan Manuel Santos, que objete este proyecto de ley y lo devuelva al Congreso de la República para su modificación”,afirmó Ramón Leal Leal, director ejecutivo de Asocars.
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