A menos de una semana de que el país elija al próximo Presidente de la República para el periodo 2026–2030, el Gobierno nacional presentó un completo plan estratégico para asegurar la jornada electoral.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de policía, anunció el despliegue de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este dispositivo es blindar los 13.489 puestos de votación y asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y en paz.
Dentro de las medidas prioritarias se encuentra la protección a los 13 candidatos presidenciales y a sus familias, así como el acompañamiento a los eventos públicos de campaña. Para fortalecer estas acciones, el Gobierno Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien entregue información que permita anticipar posibles atentados contra los aspirantes.
Hasta la fecha, las autoridades ya han custodiado 625 actividades en plaza pública, coordinando esfuerzos entre las Fuerzas Militares, a cargo del 43% de los puestos de votación, y la Policía Nacional, que asumirá el 57% restante.
En la rueda de prensa, el ministro fue enfático al señalar el compromiso de las instituciones con el orden constitucional. Aseguró que “la Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia», un mensaje con el que buscó dar un parte de tranquilidad al país frente a las tensiones políticas de los últimos días y la volatilidad que se vive de cara a los comicios.
Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a rechazar cualquier manifestación violenta que pretenda sabotear la jornada electoral o sembrar el miedo entre los votantes. En un tono contundente, Sánchez advirtió sobre las consecuencias de los ataques y la desinformación en las redes sociales que buscan generar zozobra, manifestando textualmente que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie».
Durante la rueda de prensa recordó que sigue activa la ‘Línea de Transparencia 157’, una herramienta que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre delitos electorales, tales como el fraude o la compra y venta de sufragios. Esta estrategia ya arrojó resultados importantes durante las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, donde se recibieron 7.096 llamadas, se incautaron 3.759 millones de pesos en efectivo y se hicieron efectivas 88 capturas relacionadas con estas conductas ilícitas.
Finalmente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que, basándose en antecedentes históricos y denuncias recientes, se elaboró un mapa de prevención y seguridad electoral. Este diagnóstico permitió priorizar 67 municipios en todo el país que registran un mayor nivel de riesgo. En estos puntos clave se concentrarán dispositivos especiales y de atención institucional inmediata, diseñados para contener de forma oportuna cualquier acción que pretenda alterar la normalidad de las votaciones.
Con información de Mindefensa
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