Mediante el Decreto 000181 del 7 de mayo de 2018, el gobernador Eduardo Verano, decretó durante seis meses, la situación de calamidad pública para atender los 12 municipios del departamento del Atlántico que resultaron afectados por el vendaval que azotó a estos territorios municipales a finales de abril.
Los municipios cobijados con esta medida son Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Usiacurí, Baranoa, Piojó, Juan de Acosta, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Luruaco.
En estas localidades resultaron afectadas 1.391 viviendas, 6.000 personas y varias infraestructuras al servicio de la comunidad como estadios, escuelas y cementerios.
De esta manera, el gobernador Verano acogió la recomendación que le hizo el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres para que declarase la calamidad pública.
Verano De la Rosa manifestó que esta actuación administrativa permitirá apropiar los recursos necesarios para atender la emergencia y contar con el apoyo del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“La actividad contractual se realizará de conformidad con lo establecido en el Régimen Especial para Situaciones de Desastres y Calamidad Pública que establece la Ley 1523 de 2012”, explicó el mandatario.
Agregó que la contratación a realizar debe ajustarse al Plan de Acción Específico aprobado por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El subsecretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, Edinson Palma Jiménez, dijo que para atender los daños presentados se requiere adquirir, aproximadamente, 14.000 láminas de asbesto, al igual que bloques, cemento, ganchos, mercados, colchonetas y listones de madera, entre otras ayudas.
