En reunión con el director del Fondo Adaptación y otras autoridades se dieron a conocer avances en el proceso de reasentamiento de 249 familias con lo que se espera transformar gran parte del casco urbano del municipio.
Una noticia esperanzadora recibieron las 249 familias que perdieron sus viviendas por efectos de la erosión en el municipio de Piojó, después de tres aguaceros seguidos, en noviembre del año 2022.
Hoy, durante una reunión del Fondo de Adaptación, que lideró el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en su despacho, el jefe de Reasentamiento de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Alexander Angulo, confirmó que como ya fueron adquiridas y pagadas las primeras 14 hectáreas de un lote que suma 65 para el reasentamiento, el trabajo que sigue es articular acciones con la Alcaldía del municipio y la Gobernación.
Además, destacó que el modelo a aplicar, el cual contempla la caracterización de las viviendas de la región que incluyen patio será piloto a nivel nacional bajo un nuevo esquema de asistencia humanitaria.
En esencia, el objetivo es dignificar el bienestar de las familias damnificadas, no solo con la entrega de tierras para edificar sus viviendas, el impulso a desarrollo de proyectos productivos y sostenibles, sino garantizarles tratamientos psicológicos.
La aspiración es que en diciembre próximo se vean los primeros resultados concretos, sobre todo en lo relacionado con la construcción de las viviendas mediante autoconstrucción para vincular las comunidades y fortalecer así el sentido de pertenencia.
“El reasentamiento como lo quiere el Gobierno nacional es con dignidad y para que esto suceda se necesitan otras aristas porque se compraron 14 hectáreas inicialmente y se amplió a 65 ¿Esto a qué nos lleva? A que se haga la reconstrucción de Piojó ¿Y esto que necesita? Si trasladamos a las familias tenemos que trasladarles consigo el cementerio, el hospital, la escuela, la iglesia. Ahí es donde no solamente la UNGRD es la doliente, sino también la Alcaldía Municipal, la Gobernación y los distintos ministerios para que este reasentamiento sea un modelo en el país”, precisó Angulo.
El funcionario concluyó en que la compra de las tierras en Piojó se destinaron $8.000 millones y que todo el proceso de reasentamiento requerirá de unos $200.000 millones, en coordinación con instancias gubernamentales del Estado más la Alcaldía y la Gobernación.
El gobernador Eduardo Verano destacó el acompañamiento de la Administración Departamental en todo el proceso de reconstrucción de Piojó y luego de conocer lo que contempla ejecutar la UNGRD se mostró optimista en su implementación. “Yo creo que eso va funcionar de una manera especial”, comentó.
El mandatario, aprovechando la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional, además de la reubicación en Piojó, dijo que se abordaron otros temas relacionados con la prevención frente al fenómeno de El Niño.
“Hay que prepararnos para los momentos en los que pueden haber sequías. Entonces estuvimos viendo cómo podría ser el comportamiento en los próximos cuatro meses para irnos preparando, porque podrían ser afectados el funcionamiento de nuestros acueductos, los cultivos, presentarse incendios forestales, es hacer todas la prevenciones de rigor”, precisó.
El gobernador Verano también se refirió a la orden impartida para llevar a cabo un inventario en torno al estado de la maquinaria amarilla destinada al mantenimiento de las vías secundarias y terciarias, el estado del sistema de motobombas, los planes de reubicación, la implementación de proyectos productivos, la compra de tierras para los damnificados por desastres en caso de ser necesarios para garantizar el bienestar de las comunidades, entre otros.
En la reunión del Fondo de Adaptación participaron, además del gobernador Eduardo Verano y el jefe de Reasentamientos de la UNGRD, Alexander Angulo, se hizo presente el director del Fondo Adaptación del Departamento, Isaac Henríquez; el secretario General departamental, Pedro Lemus; el secretario de Infraestructura del Atlántico, Azael Charris; el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, la subsecretaria de Vivienda, Rocío Jiménez; el subsecretario de Atención y Desastres, Nelson Oquendo; y el Alto Consejero de Educación Superior, Julio Mejía.