*En el último cuatrienio (2014-2018) se deforestó lo equivalente a casi un millón de canchas de fútbol: unas 720 mil hectáreas, revela el Informe de la Contraloría sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018 – 2019.*Según el Contralor Carlos Felipe Córdoba, es triste ver que mientras en los últimos 4 años (2014-2018) las CARs han administrado recursos por más de $10 billones, los dineros destinados al sector ambiental en el mismo período, vía presupuesto, apenas pasaron de los $800 mil millones.
Bogotá, 8 de octubre de 2019.- Preocupantes cifras sobre el avance de la deforestación en el país entregó hoy el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte: la cantidad de hectáreas deforestadas en el período 2010-2017 llegó a1 millón 398 mil hectáreas.
El 73% de la deforestación se concentra en 8 departamentos del país liderados por Caquetá, Meta, Antioquia y Guaviare.
En el último cuatrienio (2014 – 2018) de deforestaron cerca de 720 mil hectáreas, lo que representa casi un millón de canchas de fútbol, alertó el Contralor al presentar un resumen del Informe del Estado de los Recursos Naturales y Ambientales 2018 – 2019, que anualmente rinde la Contraloría General de la República ante el Congreso de la República, y que socializó hoy en un evento que tuvo lugar en el Jardín Botánico de Bogotá.
Las CAR tienen 11 veces más recursos presupuestales que el sector
Un aporte importante de este informe de la CGR se refiere a los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación al sector ambiental.
En este sentido, llamó la atención el Contralor General, “Preocupa la tendencia histórica, un bajo promedio de asignación de recursos para el sector ambiental que no supera el 0,5% del total del presupuesto anual”.
En contraste, indicó, sin importantes recursos administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales, los cuales ascendieron a $10,3 billones en el periodo 2014-2018. Para este mismo período, los recursos asignados vía presupuesto general, para el sector ambiental, fueron $884.224 millones.
En este sentido, los recursos que históricamente han tenido las CARs para financiar inversiones y gestión en materia ambiental son, en el mismo período, cerca de 11 veces más que el presupuesto de la Nación asignado para el sector.
A continuación resumen de las principales conclusiones del Informe de la Contraloría General de la República sobre el Estado de los Recursos Naturales y Ambientales 2018 – 2019.
ADJUNTO: Resumen
EVALUACIÓN AL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018
El enfoque de crecimiento verde
• De acuerdo con los lineamientos de la OCDE, el enfoque de crecimiento verde se concentra en la relación entre crecimiento y desarrollo económico en equilibrio con el capital natural.
• Integra la política económica con la política ambiental hacia nuevos patrones de crecimiento que permitan incrementar el bienestar y atenuar las presiones sobre el capital natural para asegurar su sustentabilidad.
• Crea condiciones y oportunidades para la innovación científica, técnica y tecnológica que propicien la creación de valor, la modificación de los hábitos de consumo y la creación de nuevos mercados de bienes, servicios y tecnologías verdes.
• Invita a los países emergentes y en desarrollo a consolidar condiciones que permitan integrar los objetivos de crecimiento con la reducción de la pobreza.
Estrategias incorporadas al PND 2014 – 2018 y sus objetivos
• Crecimiento verde, como pilar de la paz, la equidad y la educación, para la generación de valor agregado a los procesos productivos y al desarrollo económico y social.
• objetivos nucleares:
1) Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono.
2) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza ambiental
3) lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático.
Debilidades del diseño
• Persistió la tendencia de formular un amplio número de acciones relacionadas con un número pequeño de metas.
• Las metas fueron señaladas en proporción de una por cada cinco acciones, lo cual afecta su seguimiento y monitoreo.
• Algunas acciones parecen desconectadas del conjunto en el que fueron enunciadas y no se indicó de manera precisa su contribución al crecimiento sostenible.
• No se hizo evidente la generación de una cadena de valor para la política ambiental, lo cual hizo que la visión y las variables del interés ambiental se fueran diluyendo.
• Las debilidades en el diseño afectaron la acción más tradicional de la gestión ambiental: la administración del capital natural.
Ejemplos:
– Se propuso reducir el tiempo de trámite para otorgar licencias ambientales, pero no se propusieron acciones contundentes para mejorar la función de licenciamiento.
– El fortalecimiento de la función de seguimiento a los instrumentos de manejo y control por parte de las autoridades ambientales brilló por su ausencia.
– Las falencias incidieron en la evaluación de proyectos de la envergadura de El Quimbo o Hidroituango y de actividades como la gestión de residuos o la gestión de compensaciones ambientales.
• No fueron acogidas, en lo esencial, algunas de las recomendaciones formuladas por la OCDE durante el proceso de admisión de Colombia en ese organismo.
Entre estas están:
– Integración de políticas nacionales, regionales y territoriales.
– Participación ciudadana efectiva.
– Revisión del gasto fiscal en términos de la evaluación de efectos ambientales.
Una mirada al objetivo de “avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono”
• En cuanto a los programas de vivienda rural sostenible la gestión se orientó a la entrega de soluciones con saneamiento básico sostenible.
• La meta para el final del cuatrienio era de 75.000 soluciones,pero fueron entregadas, únicamente, 51.850 soluciones (69,1% de lo proyectado).
• Los resultados no se compadecen con el alto déficit habitacional rural que, en 2017, según el DANE, llegaba a 1,6 millones de hogares.
• En cuanto el uso eficiente del suelo el PND no logró una solución estructural a problemas tales como la usurpación de 31, 5 millones de hectáreas por obra de la ganadería extensiva y sobreexplotación.
• Se advierte una baja eficacia en la gestión de los instrumentos de política para promover la plantación forestal.
• La meta de adecuar 120.000 hectáreas ha resultado incipiente frente al potencial de 18,4 millones de hectáreas con que cuenta el país y sus deficiencias actuales en términos de sostenibilidad y aprovechamiento y manejo del agua.
Sector minas y energía
En este objetivo el sector minero energético tenía participación a través del desarrollo de acciones y actividades en dos estrategias: a) impulsar la transformación de los sectores en términos de eficiencia energética y de bajo carbono (reducción de emisiones) y, b) mejorar la gestión sectorial con el propósito de disminuir impactos ambientales y en salud asociados al desarrollo económico.
Transformación de
los sectores, eficiencia energética y de bajo
carbono
• El sector energético contribuyó a aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética del país y a mejorar la eficiencia energética.
• Fueron alcanzados los objetivos de avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono, de lograr un crecimiento resiliente y de disminuir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático.
• El Gobierno Nacional quedó obligado a promover la diversificación de la matriz energética hacia fuentes no convencionales de energía renovable y alcanzar en 2030 la meta de participación de FNCER del 15%.
• En el ámbito de la gestión de pasivos ambientales no existió un indicador de producto y el objetivo se limitó a adelantar acciones de estudio y reglamentación del cierre de minas.
Reducción de mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala
• La estrategia se orientó a reducir los impactos causados por el uso, liberación y disposición de mercurio en la realización de actividades mineras de oro, artesanal y de pequeña escala, mediante actividades de acompañamiento y asistencia técnica a mineros y a municipios.
• Se puede observar que el cumplimiento de las metas en cada uno de los indicadores propuestos supera ampliamente lo proyectado en el PND.
• El número de mineros capacitados superó los 46.800, un 360% respecto del número previsto inicialmente. Igual acontece con el número de municipios capacitados que alcanzó la cifra de 286 frente a los 80 programados como meta para el cuatrienio.
• Las principales acciones del sector transporte se orientaron hacia el crecimiento sostenible bajo en carbono y se concentraron en disminuir el uso de combustibles fósiles e incrementar la movilidad sostenible.
• El número de vehículos convertidos a gas natural vehicular (GNV) fue de 107.182, cifra que representa el 19,9% de la meta (537.899), con lo que la CGR considera que es un bajo nivel de cumplimiento.
• En cuanto a número de nuevos vehículos utilizando energía eléctrica se llegó a un total de 3.269 (1.497 vehículos y 1.772 motos), un incremento que representa el 3.405% de la meta PND, establecida en 96 vehículos. La meta se cumplió, pero era muy baja.
• Las metas de navegabilidad fluvial, en términos de kilómetros, era igual al de la línea base y muy baja: 18.225 kilómetros. Fue asignada a Cormagdalena cuya competencia está en el rio Magdalena, con lo cual se desfavoreció al resto de componentes de la red fluvial del país.
Sector comercio, industria y turismo
Los registros de acciones y resultados obtenidos en cumplimiento de compromisos establecidos en el marco del Plan Sectorial de Turismo 2014-2018, con la creación del programa de promoción y mercadeo para los destinos piloto de territorios de turismo y paz, muestran lo siguiente:
– El Programa de Turismo y Paz tiene incidencia en 132 municipios de 27 departamentos que han sido afectados por el conflicto armado.
– Asistencia técnica en formalización turística (4.921 personas), en calidad turística y normas técnicas sectoriales (157 personas) y en turismo responsable y desarrollo de experiencias turísticas.
– Se adelantó la campaña Colombia Limpia: 7.130 personas sensibilizadas, 14,4 toneladas de basura recolectada y 11 iniciativas de turismo favorecidas en la convocatoria de Turismo Comunitario.
– Inversión de $35 mil millones en el periodo 2015 – 2018 en proyectos orientados al mejoramiento de la competitividad turística con 2.600 beneficiarios a 2018 (la meta era 1.500).
– Aumento en el número de turistas: Camino a Teyuna en la Sierra Nevada de Santa Marta, pasó de recibir 8.180 turistas en 2013 a 21.277 turistas en 2017 y la Sierra de La Macarena pasó de 4.450 turistas en 2013 a 15.907 turistas en 2016.
– Incremento del 65% en el número de empresas formalizadas con Registro Nacional de Turismo. Se registraron 1.059 nuevas habitaciones con una inversión de $64.263 millones de pesos y 692 habitaciones remodeladas con una inversión de $5.909 millones de pesos en los departamentos de Antioquia, Chocó, Meta y Putumayo.
Restauración de Ecosistemas terrestres y marinos
• A través de la implementación del Plan Nacional de Restauración, el PND 2014-2018, se propuso pasar de 90.021 hectáreas a 300.000 hectáreas en proceso de restauración.
• Al final del cuatrienio el MADS reporta un total de 600.357 ha (cerca del 210%). En contraste el Departamento Nacional de Planeación reporta que el cumplimiento de la meta sólo supera el 43,9%.
• Un desfase tan alto entre lo propuesto y lo logrado refleja deficiencias tanto en la línea base como en la meta propuesta.
Reducción de la deforestación
• Como meta intermedia se determinó reducir el número de hectáreas deforestadas anualmente de 120.000 (línea base) a 90.000 hectáreas. Pese a tratarse de una meta poco ambiciosa, estuvo muy distante de lograrse, ya que en el periodo 2015-2018 se deforestaron 719.764 ha. No hubo reducción de la deforestación como se había comprometido el PND y, por el contrario, ésta aumentó de manera descontrolada a más del doble de la meta establecida.
• La gestión dirigida a la reducción de la deforestación en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación ambiental, se estableció el compromiso de generar nueve (9) programas específicos. De acuerdo con el MADS la meta se cumplió al 100% en la mayoría de los programas. Sin embargo, es claro que cada año es creciente el fenómeno de la deforestación en el país.
• Hay serias deficiencias en cuanto a calidad y diseño de las metas e indicadores sobre ordenamiento y planificación del territorio. Persiste la inadecuada asignación y regulación de los usos del suelo y de los recursos naturales.
EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL AMBIENTAL EN 2018
• El Presupuesto total del Sistema Nacional Ambiental – SINA Central, durante en el periodo 2015 a 2018, mostró una variación positiva que asciende a $884.224 millones de pesos.
• Este crecimiento es menor respecto a la dinámica ascendente de los ingresos que financian a las CAR. Éstas, a pesar de contar con mayores ingresos respecto al SINA Central, adolecen de una deficiente planeación en la inversión y la ejecución de la misma.
• Los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), asignados de forma directa o a través del FONAM, adolecen de una priorización soportado técnicamente.
• De las fuentes de financiación estimadas en el Plan Plurianual de Inversiones- PPI, solamente el PGN logró recursos para el apalancamiento de la estrategia Crecimiento Verde.
• El PPI 2015-2018, no contempló los recursos propios y administrados que manejan las CAR ya que no se incluyeron como fuente de apalancamiento.
Estos recursos son muy significativos ya que para el periodo analizado ascendieron a $10.3 billones. Ello denota desarticulación entre las fuentes de financiación con los objetivos planteados en el PND frente a los proyectos de inversión que ejecutaron las CAR en el mismo cuatrienio con cargo a recursos provenientes, precisamente, de los instrumentos económicos creados legalmente para la preservación del medio ambiente.
• Frente al Impuesto Nacional al Carbono se hace necesario revisar tanto la entidad responsable de la ejecución como la destinación de la totalidad de los recursos recaudados.
• Es primordial no seguir postergando la formulación, aprobación y ejecución de los proyectos con cargo a este gravamen, pues esta dilación genera más afectación al medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero y podría ocasionar incumplimientos a los compromisos adquiridos por el país en el COP21 de París.
GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA DURANTE EL PERÍODO 2010 – 2018
• La debilidad institucional, financiera y de gestión ambiental regional, coincide con las mayores zonas de deforestación del país. Esta situación exige replantear los planes de acción y tomar medidas para mejorar la gobernanza de las CAR, especialmente en: Codechocó, CDA, Corpoamazonía y Cormacarena.
• Desde el nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, tiene un camino importante por recorrer en cuanto al establecimiento de acciones permanentes que garanticen la sostenibilidad ambiental en articulación con entidades de otros sectores tales como: ANT, SNR, federaciones agropecuarias, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Defensa, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Fiscalía General de la Nación.
• Se identifican fisuras en cuanto a la consistencia, calidad y disponibilidad de la información solicitada a las CAR y la ANLA, especialmente, la relacionada con los permisos o trámites ambientales (ubicación de permisos de aprovechamiento, de compensaciones forestales, entre otros), hecho que dificulta constatar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
• Dentro de las zonas de reserva forestal de ley 2a de 1959, y sin su debida sustracción previa, se están llevando a cabo actividades productivas (agricultura, ganadería), e ilegales (cultivos ilícitos), coincidiendo en terrenos con solicitud de trámite para la adjudicación de baldíos. Estas actividades, junto con la minería legal e ilegal, constituyen también los principales motores de la deforestación en el país.
• Paralelamente, la falta de ejecución, control y seguimiento a las compensaciones ambientales derivadas de proyectos objeto de licenciamiento, han contribuido al crecimiento de un pasivo ambiental con la población del país, cuyo cálculo y efectos no son estimados ni por las CAR en sus áreas de jurisdicción, ni por la ANLA. Una cifra que da cuenta de esta situación es el resultado obtenido del presente análisis donde se identificó un bajo porcentaje de cumplimiento, entre el 6% y el 21%, de las compensaciones ordenadas por cambio de cobertura boscosa.
• A nivel institucional, los comités creados para el control de la deforestación, como la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y Gestión Integral para la Protección de los Bosques Naturales —CICOD— y la Burbuja Ambiental, han resultado ineficaces, pues mientras el proceso de toma de decisiones es lento, sus agendas de trabajo fueron escasas y sus instancias de decisión no fueron significativas para detener el acelerado avance de la deforestación.
• Así mismo, es evidente y un imperativo para el sector, la coordinación entre los diversos sistemas de información con los que cuentan las distintas instituciones que intervienen en el sector ambiental. Es indispensable su articulación con el fin de consolidar cifras, fuentes de información, metodologías y acciones a seguir para controlar las principales causas de la deforestación.
• Concebir al sector ambiental como un ecosistema pero con diferentes implicaciones, permitirá implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento institucional en las regiones, al ordenamiento territorial según las dinámicas locales, a la unicidad de conceptos respecto a la frontera agrícola y la construcción de una política pública que reúna la investigación con las necesidades reales del sector.
• En este sentido, herramientas como los incentivos forestales para la conservación y comercialización, requieren de un rediseño para lograr su sostenibilidad y propósito con el fin de garantizar la oferta maderable y el uso sostenible de los recursos ambientales en cuenta las necesidades de los sectores palmicultor, cacaotero, cafetero y ganadero.
• Constituiría un relevante avance normativo contar con una ley forestal integral, que incluya la visión de un modelo industrial maderero y sostenible. En dicho marco jurídico se esperaría disponer de medidas de ajuste al incentivo forestal con el fin de garantizar su viabilidad financiera. Una opción puede ser la combinación de fuentes de financiación, priorizando áreas naturales con altas tasas de deforestación, corredores biológicos, entre otras áreas de especial importancia ecológica.
COMPROMISOS AMBIENTALES DE COLOMBIA ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Los principales compromisos se derivan del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Frente al primer acuerdo son de especial importancia las metas de Aichi, dentro de las cuales, las más relevantes se destacan a continuación:
Meta 1
“Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible”.
En ella se ha avanzado fundamentalmente a través de la educación ambiental y con comités técnicos interinstitucionales.
Meta 3
“Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales”:
Solo pude anotarse como incentivo positivo la introducción del pago por servicios ambientales.
Meta 4
“Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites ecológicos seguros”:
Hasta el año 2018 se expidió la política de Crecimiento Verde CONPES 3934, cuyos resultados aún no son verificables. Sin embargo, se analizaron los resultados obtenidos en el marco de la estrategia de crecimiento verde contenida en el PND 2014-2018, tal como lo dioa conocer la CGR en sus informes sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente- IERNA de los dos últimos años, y en el capítulo I del presente informe.
Meta 5
“Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales…”:
Pese a la formulación de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB), y las diferentes acciones e inversiones que la han acompañado, las alarmantes cifras sobre la deforestación desdicen de las acciones acometidas.
Meta 14
“Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables”:
Esta meta, que tiene un vínculo indiscutible con los ODS, no muestra resultados visibles en cuanto a sus aportes en cumplimiento de dichos objetivos, en especial en los ODS 1, 6, y 15 principalmente.
Meta 15
“Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación”.
Los avances nacionales se refieren, por una parte, a la identificación de áreas terrestres con alguna prioridad de restauración cuya extensión alcanza los 23´339.878 hectáreas, mientras que en materia de desertificación (que en algunos textos también aparece como desertización) no aparecen registros de avance pese a que Colombia es signatario de la Convención de naciones unidas de lucha contra la desertificación desde 1998.
Meta 17
“Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento de política y habrá comenzado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados”:
Desde 2016 se cuenta con el Plan de Acción en Biodiversidad 2016-2030 (PAB) para la implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos PNGIBSE.
Meta 18
“Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes…”:
Existe desde 2014 una propuesta de política pública pluricultural para la protección de los sistemas de conocimiento asociado a la biodiversidad.
Meta 19
“Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados”.
Si bien se ha aumentado considerablemente el número de colecciones biológicas, que son patrimonio de la Nación, y el mayorsoporte para la documentación de la diversidad biológica, esto no pude considerarse como logros significativos especialmente en el campo de la transferencia y aplicación del conocimiento obtenido a través de la investigación científica.
Meta 20
“Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustancial en relación con los niveles actuales. Esta meta estará sujeta a cambios según las evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a cabo y notificarán las Partes”.
Con la Iniciativa para la Financiación de la Diversidad- BIOFIN se calculó el valor total para la implementación del Plan de Acción en Biodiversidad e identificaron los instrumentos con mayor potencial de movilización de recursos para la biodiversidad y que se adaptan de mejor forma a la coyuntura política y fiscal.
De igual forma, en el escenario internacional, y con la adhesión del país oficialmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 2018, se han ido implementando estrategias, planes y programas en torno a la formulación de políticas encaminadas el desarrollo sostenible de los distintos sectores económicos, enfatizando el crecimiento verde como pilar de innovación y generación de valor agregado de los sistemas de producción y consumo, promoviendo la reducción, re-uso, reciclaje y aprovechamiento eficiente de materiales, agua y energía.
El país ha liderado un marco normativo para proteger los recursos naturales y garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible en sus territorios. La CGR, a partir del estudio del sector, identifica que la capacidad institucional para implementar las recomendaciones por la OCDE en torno al manejo de residuos sólidos, cooperación internacional, gestión de sustancias químicas y productos químicos, es ineficiente, ya que el país no posee la articulación interinstitucional necesaria para avanzar en dichos procesos a los que la OCDE hizo especial énfasis en el 2014.
CONTROL FISCAL AMBIENTAL EN LAS REGIONES COLOMBIANAS
• La CGR, en sus diferentes actuaciones de control fiscal, ha identificado que todos los complejos problemas ambientales que se observan en el país, inciden en mayor o menor grado en las diferentes regiones colombianas.
• También se ha identificado la existencia de problemáticas ambientales específicas en cada región que demandan acciones urgentes de las autoridades del nivel nacional y territorial con el fin de detener los procesos del deterioro progresivo del medio ambiente, en la perspectiva de lograr un desarrollo económico y social que produzca riqueza, prosperidad y bienestar para la población.
• Es evidente la necesidad de generar las condiciones productivas, de exploración y explotación de los recursos ambientales, que permitan a las generaciones futuras disponer de los servicios ecosistémicos necesarios para su supervivencia.
• Del análisis realizado a la región Andina se concluyen problemáticas
ambientales asociadas a la aglomeración urbana como son:
– La consecuente concentración de la demanda de recursos naturales para el sostenimiento de sus condiciones de vida y de las actividades productivas;
– las crecientes demandas de energía;
– el difícil manejo de los desechos, especialmente, de los residuos sólidos; los vertimientos y, la contaminación del aire.
– El ritmo creciente de la población demanda de las autoridades ambientales esfuerzos adicionales para lograr las mejoras necesarias, en infraestructura, inversión y tendencia de consumo, en procura del bienestar de la población al menor nivel de impacto ambiental. Se requiere la decisión y articulación de los diferentes niveles de gobierno con el fin de avanzar hacia soluciones como las ofrecidas por la economía circular y una cultura de producción y consumo responsables.
• En cuanto a la región de la Orinoquía, el auge petrolero ha sido un importante motor del desarrollo del país, el mayor agente de riqueza, al tiempo que se ha constituido en la principal causa de la inestabilidad social, institucional y de los impactos nocivos al medio ambiente de la región. Tras años de actividad petrolera y gasífera:
– No existe evidencia de la eficacia de los instrumentos ambientales para asegurar la preservación de los recursos naturales a través de las compensaciones y medidas de mitigación de los impactos ambientales.
– Buena parte de esta responsabilidad se debe a la debilidad de las autoridades ambientales regionales, las CARs, para realizar un seguimiento a la actividad petrolera y minera en la zona que asegure el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de las licencias y permisos otorgados.
• Por su parte, la región de la Amazonía presenta uno de los principales riesgos ecosistémicos del planeta:
– El avance de la deforestación se acelera a causa de actividades tan variadas como los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la praderización, la ganadería extensiva y la ampliación de la frontera agrícola.
– Los recursos nacionales e internacionales se han sumado para estabilizar el uso de los recursos naturales en la región y garantizar una protección efectiva. No obstante, las crecientes cifras de deforestación en la región evidencian, con preocupación, la inoperatividad de estas medidas.
• La región del Pacífico colombiano es otro reflejo de la situación encontrada en la Amazonía:
• Esta zona del país alberga una de las mayores riquezas en biodiversidad del mundo al tiempo que cuenta con ecosistemas muy frágiles que están siendo arrasados y contaminados por la minería ilegal, la masiva deforestación y la ampliación de la frontera agrícola.
• Las políticas públicas nacionales y territoriales no muestran avances en procesos como la protección, formalización y reconversión del pequeño minero tradicional ancestral. Este escenario es menos alentador al identificar las necesidades crecientes en el control del territorio sometido a una amalgama de actores armados, quienes lideran poderosas economías alrededor de la minería criminal.
• Por último, la región de Caribe se suma a este análisis por ser un territorio beneficiado con una gran riqueza mineral, principalmente, en yacimientos de alto valor en materia de carbón y niquel:
– Los impactos ambientales producto de estas actividades datan de los contratos suscritos con multinacionales en los años 70 y 80, es decir, mucho antes de promulgada la Constitución de 1991.
– Al vencimiento de dichos contratos, ya obsoletos, se ha tratado, sin óptimos resultados, de suscribir nuevos contratos, sometiéndolos a las nuevas regulaciones ambientales.
– En esta región, las dinámicas ancestrales de explotación minera tratan de subsistir a pesar de la legislación vigente y de la inminente necesidad de asegurar que la actividad minera siga generando riqueza y desarrollo económico de manera responsable con el medio ambiente.
