Comunicado a la opinión pública de la oficina de Control Disciplinario Interno, del Distrito de Barranquilla

La oficina de Control Disciplinario Interno, del Distrito de Barranquilla, recibió un informe de la Registraduría Especial del Estado Civil, que reportó en principio presuntas irregularidades en las que pudieron incurrir 1.119 docentes, quienes no acudieron como jurados de votación o no firmaron el formulario E 14 en las elecciones legislativas realizadas durante el mes de marzo de 2018.

Luego de recibir el citado informe, la oficina distrital de Control Disciplinario Interno procedió a solicitar en varias oportunidades a la Registraduría Especial del Estado Civil la confirmación de ese listado de docentes, previa depuración del mismo, para poder proceder en el marco de sus competencias. Como resultado, en junio de la presente anualidad la Registraduría ofreció respuesta a este requerimiento, precisando que el número de profesores que presuntamente incurrieron en irregularidades era mayor, allegando un listado de 1.311 docentes.

En consecuencia, la oficina de Control Disciplinario Interno ordenó la apertura de la indagación preliminar No.120-19 con base en ese informe, a fin de establecer si los funcionarios relacionados incurrieron en las faltas señaladas por la Registraduría. A la fecha, esta actuación administrativa se encuentra en la etapa de citaciones a los implicados, a fin de que puedan ser formalmente notificados y tengan la oportunidad de aportar las pruebas que permitan establecer si incurrieron o no en las faltas atribuidas.

Una vez sean valoradas las pruebas aportadas por los docentes en el marco de la indagación preliminar, así como las justificaciones por inasistencia contempladas en el artículo 108 del Código Nacional Electoral, la oficina distrital de Control Interno Disciplinario tomará las decisiones de fondo que sean pertinentes para cada caso, bien sea el archivo de la actuación o la apertura de una investigación disciplinaria.

A través de la Secretaría Distrital de Educación se ha informado previamente a los docentes que fueron incluidos en el informe remitido por la Registraduría Especial del Estado Civil que tienen derecho a designar a un defensor para que los represente en la etapa de indagación preliminar, precisando que no es obligatorio recurrir a un abogado para tal efecto.