Durante un foro organizado por LEGIS se manifestó la preocupación por un eventual incumplimiento del gobierno en las demandas sociales que repercutirían en una mayor congestión en los despachos judiciales.

Magistrados, académicos y expertos en diversas ramas del derecho coincidieron en afirmar que si el Estado no agiliza el cumplimiento de las demandas sociales –que son cada vez más numerosas y complejas-, la administración de justicia estará expuesta a una mayor congestión en el posacuerdo, pues vendrán compromisos gigantes en temas como acceso, restitución y legalización de tierras, reparación de víctimas y reparación de daños, entre muchos otros.

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“Vienen grandes desafíos, con nuevas exigencias, que si no se atienden oportunamente irán a los despachos judiciales”, afirmó el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, durante el foro sobre La Formación del Abogado Hoy: Perspectivas y Retos, organizado por LEGIS.

La advertencia se basa en hechos contundentes: los juzgados y los altos tribunales están atafagados de tutelas y denuncias de ciudadanos que acuden a la justicia en demanda de derechos sociales. El acceso a la salud y los derechos pensionales, por ejemplo, suman más de 800.000. “Las víctimas pasaron de cuatro millones a más de ocho millones, y como no hay cumplimiento oportuno, acuden a la administración de justicia”, afirmó el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Iván Darío Gómez Lee.

El exministro de Educación, catedrático y magistrado del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar, dijo que el país se encuentra en una crisis de credibilidad en las instituciones, lo cual repercute en la administración de justicia que debe resolver todo. “Por ello existe un síndrome en Colombia de linchamiento de la justicia”, afirmó.

Según Bula Escobar, los retos para el ejercicio del derecho son gigantescos, pues además de lo que se viene con el posacuerdo, está apareciendo la cuarta revolución industrial, fundamentada en desarrollos tecnológicos que las mismas autoridades no saben cómo resolver, casos como Uber y Airbnb, esta última es la aplicación tecnológica que compite con los hoteles en cualquier parte del mundo.

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Por su parte el nuevo Viceministro de Promoción de la Justicia, Arley Cuesta, quien intervino en el foro organizado por LEGIS, reconoció que el posconflicto trae grandes retos para la administración de justicia, y señaló que se requiere una formación integral donde primen los aspectos de la convivencia pacífica.

Durante el encuentro también se abordó el tema de la proliferación de facultades de derecho, la necesidad de reducir el número de egresados, el fortalecimiento de la calidad en la formación, la profundización de la noción ética de la profesión y la creación de estímulos para complementar la carrera con otras áreas del conocimiento.

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