*En Tumaco, se han proferido fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de $1.246 millones y, adicionalmente, se han detectado 27 irregularidades por un valor de $3.092 millones, que deberán ser evaluados por la JEP para verificar su relación directa o indirecta con el conflicto armado.

*El Contralor Edgardo Maya Villazón reportó también situaciones irregulares que, en desarrollo de sus labores de vigilancia fiscal, ha detectado la CGR en otros 2 municipios de Nariño: Barbacoas y Ricaurte.

*De acuerdo con el llamado “Acuerdo Final”, la Contraloría tiene el deber de remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz, la relación de casos con presunta incidencia fiscal que se hayan cometido con ocasión o en desarrollo del conflicto armado colombiano.  

Bogotá, 29 de agosto de 2018.- El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un primer informe relativo a los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño, que da cuenta de irregularidades que han sido detectadas en el ejercicio del control fiscal, que comprometen recursos públicos y que podrían estar relacionadas de manera directa o indirecta, con el conflicto armado interno.

El organismo de control atendió así una solicitud de la JEP relativa a hechos a que han ocurrido en esos 3 municipios desde 2007, para que sea esta Jurisdicción la que determine la relación con el conflicto.

Luego de consultar sus sistemas de información, la Contraloría encontró para este primer informe que en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, para el periodo 2013-2017, la Contraloría adelantó un total de 24 actuaciones de control fiscal, en las modalidades de auditoria, actuaciones especiales de fiscalización y atención de denuncias, detectando un total de 159 hallazgos.

En relación con los hallazgos con presunta incidencia fiscal, en el municipio de Tumaco se detectaron 27 irregularidades por un valor de $3.092 millones, mientras que en los municipios de Barbacoas y Ricaurte se configuraron 5 y 7 respectivamente, en cuantías de $2.147 millones y $220 millones.

Igualmente, se observó que más del 80% de los procesos adelantados por la Contraloría en los 3 municipios analizados, se concentran en el municipio de Tumaco, en donde se han proferido fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de $1.246 millones, encontrándose en trámite 17 procesos, cuya cuantía asciende a $1.577 millones.

Según explicó el Contralor Maya Villazón, para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta dos aspectos: por un lado, los resultados de las actuaciones de control fiscal adelantadas por la Contraloría, definidos en los hallazgos con presunta incidencia fiscal trasladados a los operadores fiscales, y por el otro, los procesos de responsabilidad derivados de los mismos.

Primero de los informes que debe rendir la CGR a la JEP

De conformidad con el punto 5.1.2 del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, la Contraloría tiene el deber de remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz, la relación de casos con presunta incidencia fiscal que se hayan cometido con ocasión o en desarrollo del conflicto armado colombiano.

Otros apartes del Acuerdo Final también mencionan a la Contraloría al referirse al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales, al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, al Sistema Integrado de información y medidas para la transparencia de la implementación del proceso y finalmente, en lo concerniente a los mecanismos de participación y verificación.

Para atender este mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 888 de 2017, por el cual se creó en la Contraloría General de la República la Unidad Delegada para el Posconflicto, como una dependencia autónoma que tiene la misión de liderar y coordinar las acciones y compromisos de este organismo de control, relacionados con el seguimiento de los recursos públicos que invertirá el Estado colombiano durante los próximos 20 años, de cara a la implementación del Acuerdo Final.

Avanza colaboración con la JEP

“La Contraloría, a través de esta Unidad y la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, ha gestionado con la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una nutrida colaboración”, destacó el Contralor General en el acto de entrega de este primer informe.

“Hemos logrado establecer los términos dentro de los cuales se deberá recopilar y remitir la información, de modo que la misma sea oportuna y útil de cara a las exigencias y funciones de la JEP, dirigidas a establecer un contexto o patrón en determinadas regiones del país, en donde las irregularidades que hayan sido detectadas en ejercicio del control fiscal, comprometan el concurso de recursos públicos y estén relacionados de manera directa o indirecta, con el conflicto armado interno”, dijo el Contralor Maya Villazón.

El avance de esta colaboración será determinante para el éxito de coordinación de los distintos componentes del Sistema Integrado de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, consideró.

“Como se ha insistido desde los tiempos de la negociación, el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron vulnerados sus derechos y las normas que los protegen es fundamental y todos los organismos de control deben sumarse al propósito, para que las medidas en materia de verdad y justicia, en particular la atribución de responsabilidades y la imposición de sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, sean una realidad.”, añadió.

Nunca más

Maya Villazón respaldó de manera categórica los avances de la JEP, como también los desarrollos que en materia de esclarecimiento de la verdad y la reparación puedan darse.

“Los resultados deben permitir un proceso de rendición de cuentas al país por lo ocurrido y deben dirigirse a que nunca más se vuelvan a comentar nuevas violaciones, que opere la garantía fundamental de la no repetición y se termine de manera definitiva el ciclo de violencia que ha azotado al país”, concluyó.

Según informe de la Contraloría General a la Corte Constitucional: Persisten fallas que mantienen la crisis penitenciaria y carcelaria

*Así lo determinó el organismo de control, tras evaluar las condiciones de 22 establecimientos de reclusión a nivel nacional.

*No aumenta la construcción de nuevos cupos, no se ha renovado la infraestructura carcelaria y los procesos de resocialización son poco efectivos.

*Las instalaciones donde se preparan las comidas, siguen siendo inadecuadas y los servicios de salud deficientes.

*Ausencia de tratamiento a aguas servidas en la Cárcel de Valledupar “La Tramacúa”, contamina cuerpos de agua y expone a la USPEC a sanción administrativa ambiental.

*Salvo la infraestructura sin dotación de Espinal, siguen sin ponerse al servicio los nuevos pabellones de 5 establecimientos contratados en virtud de la emergencia carcelaria de 2013.

*Planes de mantenimiento contratados por la USPEC con FONADE, solo iniciaron su ejecución dos años después de suscrito el contrato de Administración de recursos por parte de la USPEC.

*En los últimos dos años el hacinamiento total ha disminuido, lo que ha permitido la aplicación de la fórmula de equilibrio decreciente a nivel general.

*Impactos positivos de reformas legislativas dirigidas a descriminalización de conductas y concesión de beneficios judiciales y administrativos, son neutralizados con la expedición de normas de aumento de penas, eliminación de subrogados y creación de nuevos tipos penales.

 La Contraloría General de la República entregó a la Corte Constitucional el tercer informe de seguimiento a las sentencias que declararon el Estado de Cosas Inconstitucional en materia Penitenciaria y Carcelaria, en el cual se concluye sobre la persistencia de varias de las situaciones por las que el alto tribunal efectuó la declaratoria, entre los que se cuentan:

• Lento avance en la construcción y puesta al servicio de nuevos cupos carcelarios.
• Persiste la obsolescencia de la infraestructura carcelaria en servicio.  
• Incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad.
• Procesos de resocialización poco efectivos.
• Inadecuadas instalaciones para conservación y preparación de alimentos.
• Y deficiente acceso a atención de salud y a servicios públicos.

No aumentan construcción de nuevos cupos carcelarios

Aunque el INPEC reporta una disminución de 7 puntos en el hacinamiento carcelario, en el período de julio de 2016 a mayo de 2018 (al pasar de 54.6% al 47.8%)*, este resultado positivo se ve afectado negativamente por el escaso dinamismo de la construcción de nuevos cupos carcelarios.

De los 1,839 cupos dados al servicio en el período, sólo 768 fueron nuevos. Ello quiere decir que los 1,171 restantes fueron habilitados, refaccionados o acondicionados en pabellones preexistentes, lo que implica que se habilitaron espacios para que los internos pernoctaran sin los correspondientes espacios para resocialización, alimentación, salud y demás aspectos de habitabilidad contemplados en las normas internacionales para proteger los derechos la población privada de la libertad.

Tal circunstancia se ve agravada cuando se evidencia que la mayoría de cupos rehabilitados, se implementaron dentro del 88% de la infraestructura existente, que es obsoleta, está deteriorada y carece de los espacios necesarios para el desarrollo de programas exitosos de resocialización.

No se ha renovado la infraestructura carcelaria

La situación antes descrita deja en evidencia la ausencia de nuevos establecimientos desde la década anterior, lo que implica que la renovación de

la Infraestructura Carcelaria no se ha dado y, por ende, continúa el incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad.

La obsolescencia de la infraestructura actual, impide la separación entre población sindicada y condenada, tal como se logró evidenciar el 18 de los 22 establecimientos visitados.

$33.439 millones para sufragar costos de intermediación

A la deficiente capacidad de ejecución en materia de construcción de nuevos cupos y de mantenimientos de la infraestructura existente, que se refleja en la puesta en servicio de solo uno de seis nuevos pabellones contratados en virtud de la emergencia carcelaria decretada en 2013 (EPMSC Espinal), se suma la decisión de la USPEC de comprometer el presupuesto de inversión de 4 vigencias fiscales en un contrato interadministrativo con FONADE.

El objeto del contrato fue ejecutar proyectos de construcción, mantenimiento y dotación por más de $430.000 millones de 2016, lo que implicó la destinación de recursos para sufragar costos de intermediación por $ 33.439 millones.

Tal circunstancia, además de consumir recursos necesarios para mejorar las condiciones de la infraestructura actual, implicó la paralización en la provisión de soluciones de mantenimiento, llevando a que no se ejecutaran recursos para tal fin durante las vigencias 2016 y 2017, sin contar con la ausencia de nuevos cupos.

Las pruebas realizadas determinaron la existencia de contratos de mantenimiento para intervenir infraestructura de los establecimientos en Bucaramanga, Anserma y Pereira. Los restantes establecimientos reportan como última intervención trabajos ejecutados en desarrollo de contratos de 2015.

Algunas actividades fueron contratadas en los últimos dos años, para atender problemáticas específicas que han surgido en cumplimiento de acciones judiciales, como los casos de la Cárcel Modelo Bogotá y la renovación del área de duchas y baterías sanitarias del reclusorio de mujeres, así como del rancho de preparación de comidas de la cárcel El Cunduy, en Florencia (Caquetá), las cuales se adelantaron en cumplimento de la sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional.

En materia de aseo y saneamiento básico, se evidenció que la mayoría de establecimientos visitados no cuentan con baterías sanitarias y duchas suficientes para la cantidad de usuarios, o teniéndolas, las mismas se encuentran en precarias condiciones o fuera de servicio.

Los procesos de resocialización son poco efectivos

Es notoria también la poca efectividad de los procesos de resocialización, lo que se ve reflejado en la Tasa de Reincidencia, que en el período 2016-2018 pasó del 16.7% al 18.3% comparando la población condenada reincidente con el total de condenados intramurales, en detención domiciliaria y vigilancia electrónica.

Como resultado de las visitas efectuadas por los auditores de la Contraloría, se evidenció que en la mayoría de los establecimientos visitados no se cuenta con las herramientas, equipos y programas de capacitación para el proceso de aprendizaje, ni con espacios suficientes y adecuados para su desarrollo, pues son los internos quienes deben conseguir los materiales, adquirir las herramientas y suplir las necesidades de capacitación.

Así mismo, en los casos donde se evidenció la existencia de procesos industriales, se constató que tales procesos siguen siendo artesanales, manuales, poco tecnificados, con deficientes técnicas de comercialización, y no cuentan con espacios suficientes y adecuados para su desarrollo.

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la resocialización es la integración familiar, se indagó acerca de la disponibilidad de espacios destinados para atender visitas conyugales, confirmándose la ausencia de los mismos en 15 de los 22 establecimientos visitados, lo que lleva a que las mismas sean atendidas en espacios inadecuados como áreas con otros propósitos (por ejemplo, la sala de recepción de internos en Barrancabermeja), áreas comunes o en las propias celdas. Solo los establecimientos de reciente construcción cuentan con esta infraestructura. 

Las anteriores circunstancias llevan a la CGR a concluir sobre la imposibilidad actual de garantizar el fin resocializador de la pena, que conforme con la Jurisprudencia Constitucional, es el único de los fines constitucionalmente aceptables de las medidas privativas de la libertad.

Alimentación: mayores costos e instalaciones de preparación inadecuadas

La decisión de la USPEC de escoger a los contratistas de alimentación a la población privada de la libertad a través del mecanismo de bolsa, incrementó los costos de transacción para la adquisición del servicio de alimentación. Así mismo, los mecanismos propios de este tipo de negociación, diluyen las labores de supervisión propias de la entidad contratante, en diferentes actores participantes tales como los comisionistas de bolsa de las partes compradora y vendedora.[1]

En las visitas efectuadas se encontró que en 10 de los 22 establecimientos carcelarios visitados la infraestructura de las instalaciones donde se preparan los alimentos estaba en mal estado, con presencia de humedad en paredes, zonas del suelo donde se presenta empozamiento de agua y desgaste, lo que demanda reparaciones y mantenimientos. En 8 de 22 establecimientos se encontró humedad en las instalaciones de almacenamiento de alimentación.

Deficiente servicio de salud

Persisten las deficiencias en atención de segundo nivel en establecimientos que no se encuentran en capitales de departamento, deficiencias en la proveeduría de medicamentos respecto a cantidad y tipo de medicamentos. Grandes obstáculos para que los internos asistan a citas o procedimientos extramurales, por ausencia de medios de movilidad o de guardia penitenciaria que realice los acompañamientos.

En las visitas se pudo establecer la existencia y funcionamiento de la unidad de atención básica y de urgencias en todos los establecimientos visitados, pero en la mayoría no cumplen con condiciones de higiene, pues son construcciones viejas que tienen humedades que generan mohos y no se les ha intervenido para mitigar dicho riesgo. Tampoco cuentan con espacio óptimo que permita atender más de una emergencia simultáneamente.

En los establecimientos que cuentan con equipo biomédico, no se les realiza mantenimiento preventivo y el correctivo implica que no se cuente con ellos por largos periodos, lo cual impacta la calidad y continuidad en la prestación del servicio de salud. En algunos establecimientos no existe un local específico para farmacia, ni personal especializado en dispensación.

Vertimientos de aguas residuales en Valledupar

Se detectaron serias deficiencias en EPMSC Valledupar, pues el centro penitenciario no tiene en cuenta la norma RAS en lo referente a mantenimiento periódico que establece el numeral D.8.4, y las descargas se realizan a cielo abierto sin que exista un sistema de tratamiento para estos vertimientos, lo que pone en riesgo la salud tanto de los internos y personal que labora al interior, por el riesgo de salud que implica las aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento por la contaminación que genera.

Populismo punitivo como principal causa de

desarticulación de la Política Criminal y Penitenciaria.

Finalmente, dentro del mandato de Juez Constitucional, la Contraloría evaluó el informe de seguimiento presentado por el Gobierno Nacional, donde se da cuenta sobre la evaluación que efectúa el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria a los proyectos de Ley que modifican el régimen penal o penitenciario, concluyendo que mientras la iniciativa legislativa no se encuentre supeditada a un concepto vinculante de este Consejo Superior, los esfuerzos legislativos para articular el tratamiento a determinadas conductas o fenómenos sociales serán inocuos, ante la posibilidad de poder tramitar leyes que crean nuevas conductas punibles o agravan las penas con impacto directo en los subrogados.

*De acuerdo con la información suministrada por el INPEC para el período de julio de 2016 a mayo de 2018^[2], la población intramural se redujo en 3,631 personas (-3.0%) mientras que la extramural aumentó en 10,438 (19.4%). De otra parte, la capacidad carcelaria neta^[3] se incrementó en 1,117 cupos (1.4%). En consecuencia, el hacinamiento se redujo en cerca de 7 puntos, pasando del 54.6% al 47.8% (-6.8%)

Según informe de la Contraloría General a la Corte Constitucional: Persisten fallas que mantienen la crisis penitenciaria y carcelaria

*Así lo determinó el organismo de control, tras evaluar las condiciones de 22 establecimientos de reclusión a nivel nacional.

*No aumenta la construcción de nuevos cupos, no se ha renovado la infraestructura carcelaria y los procesos de resocialización son poco efectivos.

*Las instalaciones donde se preparan las comidas, siguen siendo inadecuadas y los servicios de salud deficientes.

*Ausencia de tratamiento a aguas servidas en la Cárcel de Valledupar “La Tramacúa”, contamina cuerpos de agua y expone a la USPEC a sanción administrativa ambiental.

*Salvo la infraestructura sin dotación de Espinal, siguen sin ponerse al servicio los nuevos pabellones de 5 establecimientos contratados en virtud de la emergencia carcelaria de 2013.

*Planes de mantenimiento contratados por la USPEC con FONADE, solo iniciaron su ejecución dos años después de suscrito el contrato de Administración de recursos por parte de la USPEC.

*En los últimos dos años el hacinamiento total ha disminuido, lo que ha permitido la aplicación de la fórmula de equilibrio decreciente a nivel general.

*Impactos positivos de reformas legislativas dirigidas a descriminalización de conductas y concesión de beneficios judiciales y administrativos, son neutralizados con la expedición de normas de aumento de penas, eliminación de subrogados y creación de nuevos tipos penales.

Bogotá, 27 de agosto de 2018.- La Contraloría General de la República entregó a la Corte Constitucional el tercer informe de seguimiento a las sentencias que declararon el Estado de Cosas Inconstitucional en materia Penitenciaria y Carcelaria, en el cual se concluye sobre la persistencia de varias de las situaciones por las que el alto tribunal efectuó la declaratoria, entre los que se cuentan:

• Lento avance en la construcción y puesta al servicio de nuevos cupos carcelarios.
• Persiste la obsolescencia de la infraestructura carcelaria en servicio.  
• Incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad.
• Procesos de resocialización poco efectivos.
• Inadecuadas instalaciones para conservación y preparación de alimentos.
• Y deficiente acceso a atención de salud y a servicios públicos.

No aumentan construcción de nuevos cupos carcelarios

Aunque el INPEC reporta una disminución de 7 puntos en el hacinamiento carcelario, en el período de julio de 2016 a mayo de 2018 (al pasar de 54.6% al 47.8%)*, este resultado positivo se ve afectado negativamente por el escaso dinamismo de la construcción de nuevos cupos carcelarios.

De los 1,839 cupos dados al servicio en el período, sólo 768 fueron nuevos. Ello quiere decir que los 1,171 restantes fueron habilitados, refaccionados o acondicionados en pabellones preexistentes, lo que implica que se habilitaron espacios para que los internos pernoctaran sin los correspondientes espacios para resocialización, alimentación, salud y demás aspectos de habitabilidad contemplados en las normas internacionales para proteger los derechos la población privada de la libertad.

Tal circunstancia se ve agravada cuando se evidencia que la mayoría de cupos rehabilitados, se implementaron dentro del 88% de la infraestructura existente, que es obsoleta, está deteriorada y carece de los espacios necesarios para el desarrollo de programas exitosos de resocialización.

No se ha renovado la infraestructura carcelaria

La situación antes descrita deja en evidencia la ausencia de nuevos establecimientos desde la década anterior, lo que implica que la renovación de

la Infraestructura Carcelaria no se ha dado y, por ende, continúa el incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad.

La obsolescencia de la infraestructura actual, impide la separación entre población sindicada y condenada, tal como se logró evidenciar el 18 de los 22 establecimientos visitados.

$33.439 millones para sufragar costos de intermediación

A la deficiente capacidad de ejecución en materia de construcción de nuevos cupos y de mantenimientos de la infraestructura existente, que se refleja en la puesta en servicio de solo uno de seis nuevos pabellones contratados en virtud de la emergencia carcelaria decretada en 2013 (EPMSC Espinal), se suma la decisión de la USPEC de comprometer el presupuesto de inversión de 4 vigencias fiscales en un contrato interadministrativo con FONADE.

El objeto del contrato fue ejecutar proyectos de construcción, mantenimiento y dotación por más de $430.000 millones de 2016, lo que implicó la destinación de recursos para sufragar costos de intermediación por $ 33.439 millones.

Tal circunstancia, además de consumir recursos necesarios para mejorar las condiciones de la infraestructura actual, implicó la paralización en la provisión de soluciones de mantenimiento, llevando a que no se ejecutaran recursos para tal fin durante las vigencias 2016 y 2017, sin contar con la ausencia de nuevos cupos.

Las pruebas realizadas determinaron la existencia de contratos de mantenimiento para intervenir infraestructura de los establecimientos en Bucaramanga, Anserma y Pereira. Los restantes establecimientos reportan como última intervención trabajos ejecutados en desarrollo de contratos de 2015.

Algunas actividades fueron contratadas en los últimos dos años, para atender problemáticas específicas que han surgido en cumplimiento de acciones judiciales, como los casos de la Cárcel Modelo Bogotá y la renovación del área de duchas y baterías sanitarias del reclusorio de mujeres, así como del rancho de preparación de comidas de la cárcel El Cunduy, en Florencia (Caquetá), las cuales se adelantaron en cumplimento de la sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional.

En materia de aseo y saneamiento básico, se evidenció que la mayoría de establecimientos visitados no cuentan con baterías sanitarias y duchas suficientes para la cantidad de usuarios, o teniéndolas, las mismas se encuentran en precarias condiciones o fuera de servicio.

Los procesos de resocialización son poco efectivos

Es notoria también la poca efectividad de los procesos de resocialización, lo que se ve reflejado en la Tasa de Reincidencia, que en el período 2016-2018 pasó del 16.7% al 18.3% comparando la población condenada reincidente con el total de condenados intramurales, en detención domiciliaria y vigilancia electrónica.

Como resultado de las visitas efectuadas por los auditores de la Contraloría, se evidenció que en la mayoría de los establecimientos visitados no se cuenta con las herramientas, equipos y programas de capacitación para el proceso de aprendizaje, ni con espacios suficientes y adecuados para su desarrollo, pues son los internos quienes deben conseguir los materiales, adquirir las herramientas y suplir las necesidades de capacitación.

Así mismo, en los casos donde se evidenció la existencia de procesos industriales, se constató que tales procesos siguen siendo artesanales, manuales, poco tecnificados, con deficientes técnicas de comercialización, y no cuentan con espacios suficientes y adecuados para su desarrollo.

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la resocialización es la integración familiar, se indagó acerca de la disponibilidad de espacios destinados para atender visitas conyugales, confirmándose la ausencia de los mismos en 15 de los 22 establecimientos visitados, lo que lleva a que las mismas sean atendidas en espacios inadecuados como áreas con otros propósitos (por ejemplo, la sala de recepción de internos en Barrancabermeja), áreas comunes o en las propias celdas. Solo los establecimientos de reciente construcción cuentan con esta infraestructura. 

Las anteriores circunstancias llevan a la CGR a concluir sobre la imposibilidad actual de garantizar el fin resocializador de la pena, que conforme con la Jurisprudencia Constitucional, es el único de los fines constitucionalmente aceptables de las medidas privativas de la libertad.

Alimentación: mayores costos e instalaciones de preparación inadecuadas

La decisión de la USPEC de escoger a los contratistas de alimentación a la población privada de la libertad a través del mecanismo de bolsa, incrementó los costos de transacción para la adquisición del servicio de alimentación. Así mismo, los mecanismos propios de este tipo de negociación, diluyen las labores de supervisión propias de la entidad contratante, en diferentes actores participantes tales como los comisionistas de bolsa de las partes compradora y vendedora.[1]

En las visitas efectuadas se encontró que en 10 de los 22 establecimientos carcelarios visitados la infraestructura de las instalaciones donde se preparan los alimentos estaba en mal estado, con presencia de humedad en paredes, zonas del suelo donde se presenta empozamiento de agua y desgaste, lo que demanda reparaciones y mantenimientos. En 8 de 22 establecimientos se encontró humedad en las instalaciones de almacenamiento de alimentación.

Deficiente servicio de salud

Persisten las deficiencias en atención de segundo nivel en establecimientos que no se encuentran en capitales de departamento, deficiencias en la proveeduría de medicamentos respecto a cantidad y tipo de medicamentos. Grandes obstáculos para que los internos asistan a citas o procedimientos extramurales, por ausencia de medios de movilidad o de guardia penitenciaria que realice los acompañamientos.

En las visitas se pudo establecer la existencia y funcionamiento de la unidad de atención básica y de urgencias en todos los establecimientos visitados, pero en la mayoría no cumplen con condiciones de higiene, pues son construcciones viejas que tienen humedades que generan mohos y no se les ha intervenido para mitigar dicho riesgo. Tampoco cuentan con espacio óptimo que permita atender más de una emergencia simultáneamente.

En los establecimientos que cuentan con equipo biomédico, no se les realiza mantenimiento preventivo y el correctivo implica que no se cuente con ellos por largos periodos, lo cual impacta la calidad y continuidad en la prestación del servicio de salud. En algunos establecimientos no existe un local específico para farmacia, ni personal especializado en dispensación.

Vertimientos de aguas residuales en Valledupar

Se detectaron serias deficiencias en EPMSC Valledupar, pues el centro penitenciario no tiene en cuenta la norma RAS en lo referente a mantenimiento periódico que establece el numeral D.8.4, y las descargas se realizan a cielo abierto sin que exista un sistema de tratamiento para estos vertimientos, lo que pone en riesgo la salud tanto de los internos y personal que labora al interior, por el riesgo de salud que implica las aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento por la contaminación que genera.

Populismo punitivo como principal causa de

desarticulación de la Política Criminal y Penitenciaria.

Finalmente, dentro del mandato de Juez Constitucional, la Contraloría evaluó el informe de seguimiento presentado por el Gobierno Nacional, donde se da cuenta sobre la evaluación que efectúa el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria a los proyectos de Ley que modifican el régimen penal o penitenciario, concluyendo que mientras la iniciativa legislativa no se encuentre supeditada a un concepto vinculante de este Consejo Superior, los esfuerzos legislativos para articular el tratamiento a determinadas conductas o fenómenos sociales serán inocuos, ante la posibilidad de poder tramitar leyes que crean nuevas conductas punibles o agravan las penas con impacto directo en los subrogados.

*De acuerdo con la información suministrada por el INPEC para el período de julio de 2016 a mayo de 2018^[2], la población intramural se redujo en 3,631 personas (-3.0%) mientras que la extramural aumentó en 10,438 (19.4%). De otra parte, la capacidad carcelaria neta^[3] se incrementó en 1,117 cupos (1.4%). En consecuencia, el hacinamiento se redujo en cerca de 7 puntos, pasando del 54.6% al 47.8% (-6.8%)