Hacemos un reconocimiento al Gobierno porque atendió el llamado que hicimos como gremio, a través del Consejo Gremial Nacional en el 2014, para que creara con suficiente tiempo una comisión de expertos que propusiera una Reforma Tributaria Estructural. Somos conscientes como sector empresarial Pyme de la transformación que ha sufrido la economía colombiana, principalmente por la gran caída (24 billones de pesos) que han tenido los ingresos del Gobierno Nacional por la crisis petrolera, por lo cual para mantener la dinámica de crecimiento alcanzada es necesario realizar algunos ajustes estructurales. Sin embargo, en este proceso tenemos que ser equilibrados en las decisiones que se tomen, cuando tenemos un sector empresarial que tiene que hacer frente con un alto costo país: – Actualmente, las empresas deben soportar altas cargas tributarias que equivalen a un 69,7% de las utilidades, mientras el promedio de América Latina es 47,7% y de la OCDE el 41,20%. – Los costos no salariales representan aproximadamente el 52% del valor de la nómina de las empresas, y pueden elevarse hasta 56,4% en el caso de las Pymes por cuenta de los sobrecostos generados por los cambios regulatorios que traen gastos adicionales por asesorías y demás. – Los costos logísticos representan aproximadamente el 15% de las ventas, de los cuales el 37% corresponden a transporte y distribución; valor que en las Pequeñas empresas puede llegar a ser hasta del 17,9% A esto se suman las altas tasas de informalidad laboral cercana al 50% y la composición del impuesto de renta entre personas naturales y jurídicas en Colombia (82% jurídicas, 18% naturales), que es opuesta a la de los países de la OCDE (30,5% jurídicas, 69,5% naturales). Considerando los anteriores aspectos, procedemos a analizar algunas líneas generales que forman parte de la propuesta del gobierno: 1. Apoyamos totalmente la implantación del impuesto voluntario para personas naturales Monotributo, siempre y cuando cumpla con el objetivo de impulsar la formalidad y hacer fácil y simple el proceso de tributación. Adicionalmente, consideramos que este impuesto tiene un gran componente social, ya que le permitirá a los monotributistas tener acceso al esquema de protección para riesgos de invalidez y muerte, al Sistema General de Riesgos Laborales, vincularse de forma automática a Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)y afiliarse junto con su grupo familiar a las cajas de compensación, no obstante nos genera preocupación que sea una opción de tributación como lo fueron el iman e imas en la reforma del 2014. 2. En cuanto al IVA se está contemplando un cambio significativo con respecto a los periodos gravables, reduciéndose la declaración y pago a la periodicidad bimestral y cuatrimestral, lo que puede afectar a las Pymes, si tenemos en cuenta una realidad en la que las empresas más pequeñas son proveedoras de las grandes, a quienes les entregan productos y servicios a créditos que superan los 180 días, lo cual termina perjudicando la liquidez de las Pymes dado que deben declarar y pagar un impuesto que todavía no ha sido recaudado (vía gestión de cartera). El Incremento del IVA del 16% al 19% afectará el crecimiento económico del País en el mediano plazo toda vez que habrá una afectación directa al Consumo, principal componente del PIB, y por otra parte se afectará la formalidad toda vez que la brecha entre los regímenes del IVA (Común e IVA) se alejará aún más, acrecentando la competencia desleal entre empresas del mismo sector con costos inferiores, sin contar con el desincentivo a crecer de las Microempresas. 3. Por otro lado, aunque la comisión de expertos planteaba una restricción del manejo de efectivo de máximo el 30% de las transacciones financieras de las empresas, y en este momento el Gobierno Nacional sugiere un máximo del 50%, desde ACOPI consideramos que a pesar de que mejoraron las condiciones planteadas en pro de la bancarización, no se debe disminuir el valor actual que es el 70%. Si tenemos en cuenta los bajos montos de capital de trabajo de las Pymes, que al limitarles el uso de efectivo como medio de pago y obligarlas a usar el sistema financiero en la rotación del mismo, se estaría condenando a estas a no ser competitivas dado los altos costos de los servicios bancarios, entre los cuales se encuentra el GMF (4×1000) que se multiplicaría exponencialmente en función del número de rotaciones que tenga el capital de trabajo en las empresas. 4. Los Impuestos territoriales, son una de las mayores dificultades que padecen nuestros empresarios, ya que han sido utilizados como mecanismo para financiar los planes de desarrollo municipales y departamentales (principalmente vía estampillas). Establecer un máximo de la sumatoria de estos impuestos sería un acto bastante significativo, que generaría un verdadero impulso al desarrollo empresarial. 5. En cuanto a la deducción de renta consideramos pertinente la deducción que se está contemplando sea diferente para las empresas de acuerdo a su tamaño. Específicamente para las Pymes valdría la pena analizar un porcentaje mucho menor para poder incrementar el nivel de productividad de nuestro segmento. Esto se hace urgente si tenemos en cuenta que, según la CEPAL, las empresas grandes en América Latina y El Caribe tienen niveles de productividad hasta 33 veces la productividad de las microempresas y hasta seis para las pequeñas. 6. En cuanto al régimen tributario especial consideramos oportunos las modificaciones que contempla la reforma, en relativo a las ESAL muy pertinente establecer las actividades contempladas en el objeto social que permiten su admisión en este régimen, igualmente compartimos las condiciones establecidas para la permanencia o exclusión dentro del mismo. Finalmente, el hecho de que las propuestas del Gobierno Nacional sean analizadas por sesiones extraordinarias nos permitirá analizar y hacer aportes a principios de noviembre, para lograr una reforma apropiada a las necesidades del país. En ese sentido nuestro gremio está haciendo un llamado a todos los representantes del Congreso de la República para tener un dialogo mucho más cercano que les permita conocer la realidad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa, y así tengan argumentos suficientes para tomar la mejor decisión o realizar los mejores ajustes que se puedan hacer a la propuesta de Reforma Tributaria Estructural.

ROSMERY QUINTERO CASTRO Presidente Ejecutivo