Hacer una mayor delimitación de los ecosistemas y una rigurosa planificación de los territorios, son algunos de los principales retos en la inmensa tarea que tendrá el sector ambiental tras la firma de los acuerdos de La Habana. Los retos y desafíos de este sector fue el tema debatido por estudiantes y docentes de las facultades de Derecho e Ingeniería Ambiental de la C.U.C, en el marco del Foro “Retos y Desafíos del sector ambiental en el posconflicto”, convocado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.
Alberto Escolar, director de la C.R.A reiteró durante su participación en el panel de expertos, que si bien el país tiene una normatividad de tierras, existen territorios en los cuales ha sido casi imposible entrar, lo que ha contribuido a los altos niveles de deforestación, por el uso ilegal e irracional de esos territorios. “La mayoría por la explotación de madera ilegal ocurre en esos territorios en conflictos y esto ha sido una grave afectación al medio ambiente”, señaló.
Durante su intervención Escolar dijo que en el Atlántico, la Corporación está trabajando en la construcción de la primera Agencia de Desarrollo Sostenible que tendrá el país y para lograrlo dijo que se han hecho gestiones para obtener el apoyo de la comunidad europea y la CEPAL, de tal manera que se puedan jalonar recursos del orden internacional y beneficiar este sector. También se está trabajando en el observatorio ambiental, aseguró.
En el encuentro participaron expertos en el tema ambiental, quienes hicieron un análisis desde la perspectiva del ambiente como víctima del conflicto armado, entre ellos, Alfredo Palencia, director de la Unidad de Victimas territorial Atlántico, Rafael Vergara, reconocido ambientalista, Omar Cortés, docente de la C.U.C y conferencista internacional invitado en el 1er ACLIMA GLOBAL, Asleth Ortega, Magister en Desarrollo Sostenible y miembro del Consejo Directivo de la C.R.A y Alfredo Peña Salom, Decano de la Facultad de Derecho de la C.U.C, entre otros docentes e investigadores.
El grupo de panelistas coincidió en que el país debe reconocer que cada ciudadano es parte de un territorio que provee de bienes y servicios necesarios para la subsistencia y que ésta debe ser con racionalidad de los recursos naturales, entendiendo que el reto implica una participación de todos los actores para lograr una sociedad más justa y equilibrada.
Suelos del Atlántico en conflicto
Según Andrés Suárez, docente de la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de la Costa C.U.C, existen tres determinantes de la degradación ambiental que se han dado durante la el conflicto armado en Colombia y en las cuales se deberá trabajar frente al posconflicto, uno de los más graves en esta región es que el 72% de los suelos del Atlántico tienen conflictos en sus usos, la dependencia económica del sector primario, en especial de la industria agropecuaria y la condición de ser un departamento receptor de desplazados, donde hemos sido receptores de esa población y que conlleva a la degradación del ambiente.
Durante el foro, docentes e investigadores invitaron a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico a crear el observatorio ambiental, con el apoyo de la facultad de Ingeniería Ambiental, para hacer seguimiento a todos los elementos que nos generan afectación y que además se generen proyectos en los cuales se puedan involucrar las víctimas del conflicto a través de estrategias de sostenibilidad ambiental.
Bosque seco tropical en peligro
“Solo el 8%, unas 700 mil hectáreas de bosque seco tropical es lo único que nos queda en el caribe colombiano, debido al mal manejo que se le ha dado al campo”, señaló el ambientalista Rafael Vergara, quien dijo que en los acuerdos de la Habana, se propone regularizar la tenencia de tierra, lo cual considera definitivo para mejorar las condiciones actuales.
Destacó que en estos acuerdos, se está transformando un modelo que ha generado violencia en el campo y desplazamiento masivo hacia las ciudades en las que se está deteriorando cualquier planificación que se haga, si se tiene en cuenta que esas familias están ocupando áreas protegidas, ampliando la frontera agrícola para lograr su sustento.