La salud mental es un derecho: llamado a darle prioridad, implementación efectiva y calidad en las atenciones en Colombia
La salud mental es una condición indispensable para vivir con dignidad y ejercer plenamente otros derechos humanos, entre ellos la educación, el trabajo, la participación, la vida familiar
y comunitaria y el derecho fundamental a la salud. Su protección debe ir mucho más allá de la atención de los trastornos mentales: exige promover el bienestar, prevenir las afectaciones, actuar sobre los determinantes sociales y garantizar respuestas oportunas, integrales, continuas, humanizadas y libres de discriminación.
Las cifras muestran la urgencia. Por ejemplo, en 2024, el Instituto Nacional de Salud registró 38.770 casos de intento de suicidio notificados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública. Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social informó, con corte preliminar al 30 de septiembre de 2025, 2.066 muertes por suicidio, de las cuales el 79 % correspondió a hombres y el 21 % a mujeres. Estas cifras no son únicamente datos epidemiológicos: sino que están hechos de historias de vida, familias, y comunidades, razón por la cual deben ser respondidas con oportunidades de acompañamiento y atención fortalecidas.
A esta situación se suman el estigma, la discriminación y los prejuicios que todavía enfrentan las personas con sufrimiento psicológico, de violencias, trastornos mentales, discapacidad psicosocial o experiencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. El temor a ser juzgadas, excluidas o tratadas de manera indigna puede retrasar la búsqueda de ayuda, profundizar el aislamiento y aumentar las barreras para el acceso a servicios. Por ello, la lucha contra la estigmatización debe ser una responsabilidad del Estado, del sistema de salud, del sector privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, de las instituciones educativas, de los lugares de trabajo y de la sociedad en su conjunto.
Un marco normativo amplio que debe traducirse en resultados
Colombia cuenta con un marco jurídico que reconoce la salud mental como un asunto de interés y prioridad nacional. La Ley 1616 de 2013 estableció la garantía del derecho a la salud mental; la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reafirmó la salud como derecho fundamental; y en 2025 las leyes 2460 y 2518 actualizaron y fortalecieron las obligaciones de promoción,prevención, atención integral, participación comunitaria e intersectorialidad. A ello se suma el Decreto 729 de 2025, mediante el cual se adoptó la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Resolución 347 de 2026, que estableció lineamientos nacionales para prevenir y atender la conducta suicida mediante el “Código Dorado”.
La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP), que acompañó los procesos de deliberación pública relacionados con este marco normativo, reconoce estos avances. Sin embargo, recuerda y advierte que la expedición de normas, por sí sola, no garantiza el derecho. Su eficacia depende de la reglamentación oportuna, la asignación suficiente y transparente de recursos, la definición de responsabilidades, la articulación entre actores, el fortalecimiento del talento humano, la capacidad territorial y la existencia de mecanismos verificables de seguimiento y rendición de cuentas.
La Ley 2518 de 2025 incorporó obligaciones concretas para reducir barreras y mejorar la oportunidad de la atención, entre ellas la prohibición de conductas dilatorias atribuibles a trámites administrativos, la continuidad de los tratamientos, el fortalecimiento del modelo comunitario y la creación de instancias de participación. Así mismo, estas disposiciones deben ser conocidas, aplicadas y vigiladas por las entidades promotoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), las entidades territoriales, los organismos de inspección, vigilancia y control y los demás sectores comprometidos con la salud mental.
La calidad de la atención en salud mental es parte esencial del derecho a la salud
Garantizar acceso no es suficiente si la atención es tardía, fragmentada, deshumanizada o insegura. La calidad comprende, entre otros elementos, oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad, integralidad, enfoque diferencial, respeto por la autonomía, humanización, confidencialidad y trato digno. En salud mental, estos principios exigen escuchar a la persona, reconocer sus redes familiares y comunitarias, evitar intervenciones coercitivas innecesarias y asegurar que toda medida clínica sea proporcional, fundada en evidencia, debidamente registrada y respetuosa de los derechos humanos.
Los testimonios y quejas presentadas por la ciudadanía sobre demoras en la asignación de citas, dificultades para acceder directamente a servicios de psicología, permanencias prolongadas en urgencias mientras se gestiona la atención especializada, interrupciones de tratamientos y condiciones institucionales que no siempre garantizan privacidad, seguridad, acompañamiento familiar o ambientes terapéuticos adecuados, deben ser investigadas por las autoridades competentes, no para generalizar ni estigmatizar a las instituciones o al talento humano, sino para identificar riesgos, corregir fallas y prevenir daños.Por ello, los procesos de habilitación, auditoría de calidad, inspección, vigilancia y control deben ser efectivos, periódicos, transparentes y orientados a resultados. No basta con verificar documentos, sino que es indispensable evaluar la experiencia de las personas que usan o han usado estos servicios, la suficiencia del talento humano, las condiciones físicas, la continuidad del cuidado, el uso seguro de medicamentos, el manejo de crisis y el cumplimiento de los enfoques de derechos, género, curso de vida, discapacidad, diversidad étnica y territorial.
Participación ciudadana, veeduría y control social
La implementación de la política de salud mental debe contar con participación real de las personas que utilizan estos servicios, así como de las familias, las personas cuidadoras, las organizaciones sociales, las comunidades académicas, las asociaciones científicas y las redes territoriales. La participación no puede limitarse a la socialización de decisiones ya tomadas, sino que debe tenerse en cuenta de manera permanente en la planeación, ejecución, evaluación y ajuste de las acciones públicas.
La Ley 2518 de 2025 fortalece las instancias de participación y el control social. En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales deben facilitar el funcionamiento de mesas y espacios comunitarios, garantizar acceso a información pública comprensible y oportuna, apoyar la conformación de veedurías ciudadanas y establecer canales seguros para recibir denuncias, quejas, recomendaciones y alertas sobre la prestación de los servicios.
La ciudadanía, a su vez, tiene un papel central en la exigibilidad del derecho. Conocer las rutas de atención, documentar las barreras, presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), participar en asociaciones de usuarios y ejercer veeduría contribuye a mejorar el sistema. La experiencia de quienes usan los servicios constituye evidencia relevante para orientar decisiones y evaluar la calidad.
Llamado de la Asociación Colombiana de Salud Pública
La ACSP hace un llamado a priorizar la salud mental en la agenda pública nacional y territorial y, en particular, a:
• Al Ministerio de Salud y Protección Social y Secretarías de Salud Departamentales: generar y publicar balances periódicos sobre la reglamentación e implementación de las leyes 2460 y 2518 de 2025 y de la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034; precisar avances, brechas, responsables, metas, cronogramas, indicadores y fuentes de financiación; y fortalecer la asistencia técnica a los territorios.• A la Superintendencia Nacional de Salud y a las secretarías departamentales, municipales y distritales de salud: intensificar la inspección, vigilancia y control de las EPS e IPS; responder oportunamente a las alertas ciudadanas; verificar las condiciones reales de calidad y humanización; y hacer públicas, dentro del marco legal, las acciones de mejoramiento y las medidas adoptadas frente a incumplimientos.
• A las EPS y las IPS: eliminar barreras administrativas; garantizar atención oportuna, continua e integral; mantener redes suficientes y accesibles; fortalecer la atención primaria y comunitaria; asegurar rutas claras para las crisis; y proteger la dignidad, la autonomía y la seguridad de las personas usuarias.
• A las entidades territoriales: incorporar la salud mental en sus planes de desarrollo, planes territoriales de salud y políticas intersectoriales; fortalecer las redes
comunitarias, los centros de escucha y las estrategias de promoción y prevención; y adaptar las respuestas a las realidades rurales, étnicas, culturales y urbanas.
• A los sectores de educación, trabajo, protección social, justicia, cultura, deporte y comunicaciones: asumir la salud mental como una responsabilidad compartida, actuar sobre los determinantes sociales, prevenir las violencias y promover entornos protectores, inclusivos y libres de estigma. Ampliar y difundir la oferta de actividades artísticas, recreativas, culturales y deportivas para las comunidades.
• Al Congreso de la República y a los organismos de control: realizar control y seguimiento político, fiscal, disciplinario y preventivo a la implementación del marco normativo, la gestión pública, la destinación de recursos y los resultados alcanzados.
• A la ciudadanía y a las organizaciones sociales: participar en las instancias territoriales, ejercer veeduría y control social, reportar las barreras y promover una conversación pública respetuosa que no reproduzca estigmas ni convierta el sufrimiento humano en espectáculo.
Información para la ciudadanía
Toda persona tiene derecho a recibir orientación y atención en salud mental sin discriminación. Ante barreras de acceso o interrupciones injustificadas, puede presentar una PQRSD ante las secretarías de salud, su EPS o IPS y a la Superintendencia Nacional de
Salud. También puede participar en las asociaciones de usuarios y en las veedurías ciudadanas.
Cuando exista una crisis emocional, riesgo de autolesión o riesgo para la vida, se debe acudir al servicio de urgencias más cercano o comunicarse con la Línea Nacional de Salud Mental
106, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. La atención debe priorizar la protección de la vida, el acompañamiento respetuoso y la continuidad posterior del cuidado.La salud mental debe pasar de la norma a la vida cotidiana
La salud mental no es una debilidad individual ni un asunto privado que cada persona deba resolver en soledad. Está relacionada con las condiciones de vida, las violencias, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la discriminación, el conflicto, el abandono, el abuso sexual, el desplazamiento, las cargas de cuidado, el deterioro ambiental y las posibilidades reales de construir proyectos de vida dignos.
La Asociación Colombiana de Salud Pública reitera que Colombia dispone hoy de herramientas legales y de política pública que deben convertirse en acciones concretas.
Priorizar la salud mental significa financiarla, territorializarla, evaluar la calidad, garantizar servicios oportunos y humanizados, fortalecer la participación y escuchar a quienes han vivido las barreras del sistema.
Nos solidarizamos con las personas y familias que enfrentan sufrimiento, estigma o dificultades para recibir atención. Sus experiencias no son situaciones aisladas: son voces indispensables para reconocer las fallas, orientar los cambios y construir una respuesta pública basada en la dignidad, los derechos humanos, la inclusión, la equidad, el cuidado, la justicia social, la convivencia democrática y la paz.
Referencias y documentos consultados
Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República de Colombia. (2015). Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud.
Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2460 de 2025, por medio de la cual se modifica la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones en materia de salud mental.
Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2518 de 2025, por medio de la cual se fortalece la Ley 1616 de 2013 y la Política Nacional de Salud Mental y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Decreto 729 de 2025. Política Nacional de Salud Mental 2025-2034.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Boletín Salud Mental: datos y cifras 2024-2025.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2026). Resolución 347 de 2026, por la cual se establecen lineamientos para la prevención y atención de la conducta suicida y se activa el Código Dorado.
Instituto Nacional de Salud. (2025). Salud mental y consumo de sustancias psicoactivas: cifras de vigilancia en salud pública de 2024.
Organización Mundial de la Salud. (2021). Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2030.Junta Directiva
Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP)
Carol Andrea Bernal Castro Juan Eduardo Guerrero Espinel
Presidenta Vicepresidente
Sandra Maritza Gordillo
Secretaria General
