El barranquillero, Cristóbal Padilla Tejeda, presentó su renuncia al cargo de director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), tras liderar la entidad durante los últimos dos años y medio.
“Bajo su administración, la compra pública en Colombia fue orientado a democratizar la contratación estatal, combatir los monopolios y garantizar la inclusión de nuevos proveedores”
“Bajo su administración, la compra pública en Colombia fue orientado a democratizar la contratación estatal, combatir los monopolios y garantizar la inclusión de nuevos proveedores”
«El enfoque de esta administración fue convertir la contratación estatal en un factor de desarrollo para las regiones históricamente excluidas, logrando que las compras públicas superen la pobreza», afirmó Padilla.
Según Padilla, bajo la política del ‘Gobierno del Cambio’, la agencia implementó medidas técnicas y jurídicas que transformaron el sistema:
• Ahorro billonario: Durante lo corrido del Gobierno se generaron ahorros por $14 billones en la compra de bienes y servicios del país (equivalente a media reforma tributaria), mediante el uso de las herramientas contractuales diseñadas por la Agencia conocidas técnicamente como Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD). Entre enero de 2022 y marzo de 2026, el valor proyectado de los costos de los bienes y servicios adquiridos por las entidades se estimó, inicialmente, en $27,4 billones, lo que significa un ahorro cercano al 50,8%.
• Blindaje anticorrupción y control: Se firmaron convenios y memorandos de entendimiento con la Fiscalía, Contraloría, Auditoría General, personerías y contralorías territoriales para garantizar la vigilancia rigurosa de los recursos,con el fin de lograr una articulación efectiva entre los organismos de control y el gobierno; robustecer la vigilancia de los recursos públicos y la transparencia en la contratación pública del país.
• Lideramos iniciativas regionales, a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA), orientadas a la lucha contra la corrupción transnacional en las compras públicas, generando espacios de intercambio y colaboración con los 35 países integrantes del Sistema Interamericano de Compras Gubernamentales.
Se expidieron nueve documentos como:
• La Guía de Transparencia para la Guajira (en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017), la actualización de la Guía para la Contratación de Obras Públicas y los documentos tipo para la contratación de obras de infraestructura de transporte.
• La Resolución 358 de 2025 creó los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA), lo que permitió la participación de nuevos actores en los Acuerdos Marco de Precios, impidiendo prácticas colusivas y logrando la optimización de los recursos públicos.
• Economía popular y comunitaria: La contratación estatal, experimentó cambios en los últimos cuatro años, con medidas que permitieron la participación de nuevos proveedores y actores de la economía popular. Se capacitaron 170.288 personas y 21.882 integrantes de la economía popular en 31 departamentos del país.
• Se expidieron 15 documentos tipo y 23 documentos de buenas prácticas para fortalecer la sostenibilidad y transparencia en la contratación. Se desarrollaron 21 herramientas de visualización que permiten tomar decisiones en materia de compra pública, y se logró que 674 nuevas entidades usaran SECOP II para garantizar la transparencia en los procesos contractuales.
• Inclusión y sostenibilidad: Se expidió el Decreto 0287 de 2026 que establece las reglas para que las entidades del Estado permitan la inclusión de la población con discapacidad en las compras públicas y se adoptó la política de compras sostenibles alineada con el Plan Nacional de Desarrollo.
• Tecnología: En materia tecnológica, la plataforma SECOP operó con un 99% de disponibilidad. Previo a la Ley de Garantías, el sistema procesó más de 492.000 contratos en un solo mes, evitando la parálisis del Estado. Sin embargo, Padilla advirtió que la plataforma tiene más de una década y requiere una modernización urgente.
• Blindaje notarial: Finalmente, Cristóbal Padilla Tejeda sostuvo que ante la negativa del gobierno entrante de hacer un empalme respetuoso que permitiera dar continuidad a los avances y al funcionamiento adecuado de la entidad, autenticó un documento ante la notaría 35 del círculo de Bogotá para custodiar y dar fe de la autenticidad de los resultados obtenidos en la administración y evitar que sean manipulados y adulterados con fines politiqueros y electorales.
