La convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, que tuvo lugar el 1 de octubre y suspendido por el Tribunal Constitucional, ha desembocado en un choque institucional y legal sin precedentes entre el Gobierno español y las autoridades catalanas.
Albert Gea / Reuters
El referéndum de independencia del 1-O es considerado ilegal tanto por el Gobierno español como por la Comisión Europea. Pese a que la votación carecía de carácter constitucional y muchos colegios electorales fueron cerrados, más de 2,2 millones de personas acudieron a las urnas, según estimaciones de la Generalidad de Cataluña. Las cifras divulgadas por las autoridades catalanas indican que 2.020,144 personas votaron ‘Sí’ (90%), mientras que por el ‘No’ se decantaron 176.565 electores (7,87%). El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, declaró que el referéndum fue «válido».
El día de la votación se produjeron enfrentamientos entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y los votantes. Más de 890 personas recibieron asistencia médica por la actuación policial. Los Mossos d’Esquadra, por su parte, fueron acusados de no haber impedido la votación. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) tachó su comportamiento de «vergonzoso e indigno» por atacar a los agentes de la Benemérita.
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