El Ministerio Público realiza las labores de investigación correspondientes a fin de determinar el daño ambiental ocasionado en las costas de los estados Sucre y Nueva Esparta, tras el derrame de hidrocarburo proveniente de la refinería Pointe a Pierre de la empresa Petrotrin de la República de Trinidad y Tobago, ocurrido el pasado 23 de abril.
Los fiscales 89ª nacional, 10º y 2° de las referidas entidades federales, Dalila Puglia, Jesús Marcano y Javier Rondón, respectivamente, coordinan las actuaciones necesarias para establecer las consecuencias jurídicas derivadas de este hecho.
En tal sentido, se lleva a cabo la supervisión de los trabajos de saneamiento emprendidos por Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas en conjunto con otras instituciones del Estado, así como miembros de los consejos comunales de las zonas afectadas.
Como parte de la investigación, se gestiona la recopilación de los elementos probatorios, la determinación de los recursos y de la extensión de los espacios en los cuales se registran daños.
Asimismo, se solicitó a Pdvsa las experticias orientadas a precisar el tipo de crudo hallado en las playas venezolanas.
También se requirió a la estatal petrolera, al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos que se realicen los informes para evaluar el impacto ambiental, así como el costo del saneamiento y restauración de las áreas ubicadas en los municipios Valdez, Arismendi y Bermúdez del estado Sucre; y Mariño, Maneiro y Arismendi de Nueva Esparta.
Vale señalar que funcionarios de la Coordinación Técnico Científico Ambiental del Ministerio Público también practican diversas diligencias.
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