La salud en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. Mientras el país debate una reforma estructural, crecen las preocupaciones por la sostenibilidad financiera del sistema, la continuidad en la atención y la capacidad de responder a una demanda cada vez mayor.
Ese fue el punto de encuentro del V Seminario del Centro de Pensamiento en Seguridad Social (CEPESS), iniciativa de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) y la Universidad Externado de Colombia. A pesar de sus diferencias de enfoque, los seis conferencistas coincidieron en un mensaje: el reto inmediato es estabilizar el sistema y lograr que el derecho a la salud deje de ser una promesa. «La salud no puede seguir dependiendo de una tutela».
El rostro humano de la crisis
La intervención que puso el foco sobre las consecuencias humanas de la crisis fue la de la Fundación Luz Oncológica, que a través de Alejandra Toro presentó un panorama inquietante:
• Más de 312.000 tutelas por salud en 2025, según la Defensoría del Pueblo, y una proyección de 318.000 al cierre de 2026.
• El 62,5 % de los afiliados se encuentra hoy en EPS intervenidas o vigiladas por el Estado.
• Un aumento del 107 % en las quejas contra Nueva EPS durante 2025 frente al año anterior.
• Más de 120.000 correos con fallos de tutela sin abrir, hallados por su interventor.
• Más de 4.100 IPS cerradas mientras el número de afiliados sigue creciendo.
Ninguna reforma será exitosa sin la voz de los pacientes, insistió la Fundación, que concretó seis exigencias: participación vinculante para ligas de usuarios y veedurías; una UPC actuarialmente verificable y no ajustada por decisión política; trazabilidad de los giros de la ADRES; cumplimiento en plazo de los fallos de tutela y los autos de la Corte; continuidad asistencial antes de cualquier traslado masivo; y rutas prioritarias para enfermedades huérfanas, crónicas y de manejo urgente.
Un sistema con fortalezas, pero con profundas brechas
El profesor David Bardey, de la Universidad de los Andes, recordó que el sistema ha sido reconocido internacionalmente por su cobertura casi universal y sus bajos gastos de bolsillo, pero advirtió que el acceso en las regiones apartadas sigue siendo una deuda pendiente.
Su diagnóstico apunta a los incentivos: rebalancear la calidad, retirar a las EPS el control de la liquidez y mantenerlas como ordenadoras del gasto, asumiendo el riesgo de insuficiencia de la UPC. Apretar demasiado el cinturón, señaló, genera más incentivos perversos que disciplina. Propuso incrementar el gasto en salud en cerca de dos puntos del PIB, continuar la transformación del sector rural, superar la escasez de especialidades, revisar la integración vertical y avanzar en una reforma constitucional que racionalice el gasto. «El sistema colombiano no necesita empezar de cero; necesita corregir sus debilidades y fortalecer aquello que ha demostrado funcionar.»
La presión de una demanda que no deja de crecer
Las cifras de Mario Cruz, vicepresidente técnico de ACEMI, dibujaron un panorama desafiante. Entre 2015 y 2024 las prestaciones de salud pasaron de 302,1 a 566,6 millones, un crecimiento cercano al 7 % anual; los trastornos mentales aumentaron 166,8 %; las enfermedades oncológicas, 78,5 %, y las endocrinas y metabólicas, 72 %. En 2024, el 97,3 % de las prestaciones correspondió a las EPS.
La situación financiera tampoco ofrece tregua: en cinco años el sistema pasó de un patrimonio agregado positivo a un déficit cercano a los 19 billones de pesos, sin contar a la aseguradora más grande del país, cuyo patrimonio negativo llega por sí solo a 11,9 billones.
Sin recursos suficientes y sin un plan de estabilización para 2026-2030, concluyó, la capacidad de respuesta seguirá deteriorándose. Propuso ampliar los recursos del sistema del 6,2 % al 7,2 % del PIB al 2030, con depuración de la afiliación, nuevas fuentes con destinación sanitaria y un PBS explícito: la discusión debe centrarse en suficiencia, progresividad y uso eficiente.
Quién responde por el paciente
Uno de los planteamientos más novedosos llegó de Carlos Francisco Fernández, presidente ejecutivo de ASINFAR, quien invitó a cambiar la pregunta del debate nacional. «La pregunta no es solamente quién administra. La pregunta es quién responde por el paciente.»
El derecho a la salud no se garantiza con la sola afiliación, sostuvo, y propuso un concepto que marcó la discusión: las tres continuidades. Clínica, para que el tratamiento no se interrumpa; operativa, para que hospitales, clínicas y proveedores funcionen; y financiera, para que los recursos lleguen a tiempo.
Llamó también la atención sobre el mercado farmacéutico nacional, de 32,4 billones de pesos, y sobre la creciente dependencia externa: por cada dólar exportado, Colombia importa cerca de diez. La producción nacional, enfatizó, es un asunto de seguridad sanitaria.
«La sostenibilidad financiera no es enemiga del derecho fundamental. Es una de sus condiciones materiales.»
Estabilizar antes de transformar
Augusto Galán, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, comparó la situación con la de un paciente en estado crítico, afectado por problemas financieros, barreras de acceso y debilidades institucionales: transformar exige antes estabilizar.
El reto no es solo conseguir más recursos, sino lograr que circulen: Auditorías rápidas, un acuerdo nacional de saneamiento, el cumplimiento del Auto 007 de 2025 y una revisión técnica de la UPC. Propuso, además, un Plan Nacional de Estabilización, mayor gobernanza, un monitoreo permanente con indicadores públicos y una visión de largo plazo basada en la atención primaria y la transparencia.
Innovación: una oportunidad que Colombia no puede perder
La intervención de AFIDRO, a través de su director de asuntos públicos y legales, Aurelio Mejía, puso sobre la mesa la innovación. La solución, advirtió, no está en manos de un solo actor.
Una de las principales dificultades es el acceso a los medicamentos: la deuda acumulada con la industria farmacéutica alcanzó los 4,75 billones de pesos a 2025, cerca del 40 % en cartera vencida. A ello se suma que la aprobación de nuevos medicamentos puede tardar más de 30 meses, pese a que la norma establece tiempos menores; de ahí la insistencia en fortalecer al INVIMA, consolidar el IETS y simplificar la regulación.
Destacó también el potencial de la investigación clínica para ampliar el acceso a tratamientos innovadores, y propuso fomentar redes de innovación, priorizar regiones excluidas y enfermedades de interés en salud pública y clarificar la corresponsabilidad en los programas de acceso expandido.
«La innovación no puede verse como un lujo, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.»
Un consenso inusual
Más allá de las diferencias entre académicos, gremios y organizaciones de pacientes, el seminario llegó a un consenso importante: Colombia necesita estabilizar el sistema antes de transformarlo. Las intervenciones coincidieron en una financiación suficiente y sostenible, más prevención y salud mental, mejor acceso en las regiones, instituciones técnicas sólidas, continuidad de los tratamientos y la voz de los pacientes en las decisiones públicas.
El debate, quedó claro, ya no puede limitarse a modelos administrativos ni a discusiones ideológicas. La pregunta que atravesó todas las conferencias fue más sencilla y, a la vez, más profunda: ¿puede el sistema responder oportunamente cuando un ciudadano necesita atención? La respuesta dependerá de la capacidad del país para construir consensos y poner nuevamente al paciente en el centro.
Porque el derecho a la salud no se materializa en una ley ni en una estadística de cobertura, sino cuando un colombiano recibe, a tiempo, el diagnóstico, el medicamento y el tratamiento que necesita. Ese fue, quizás, el principal mensaje del V Seminario de CEPE
Lucía Muñoz
www.codess.org.co
