– La cita más importante para decidir el futuro de esta política pública se desarrolla con un consenso claro: el trabajo mancomunado entre distintos actores ha permitido impulsar el cumplimiento en favor de las víctimas.
Barranquilla, 7 de mayo de 2026 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras (URT), el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, las comunidades y la cooperación internacional abordan en Barranquilla estrategias para materializar la reparación integral de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado a 2031, año en que termina la vigencia de la Ley 1448 de 2011.
Pero tras el inicio del II Congreso Nacional de Restitución de Tierras, todos los actores se muestran de acuerdo en recalcar que la política de restablecimiento de derechos territoriales atraviesa un momento de hitos y logros, a partir de la labor mancomunada entre las distintas ramas del Estado y las propias comunidades que han sufrido el conflicto.
Durante su discurso inaugural, el mayor Giovani Yule, director general de la URT, mencionó varios de los logros alcanzados durante su gestión, gracias a ese enfoque solidario. En este sentido, destacó la apertura de cinco juzgados con enfoque étnico, y el impulso a la reparación de pueblos ancestrales; la nueva ruta de sujeto colectivo campesino, con miles de casos impactados; la declaratoria del archivo de la Unidad como patrimonio nacional, producto de un trabajo de visibilización de la memoria de las víctimas; la creación del Consejo de Mayores y Mayoras, con incidencia en los territorios; y el ingreso bajo el acompañamiento del Modelo 8 de Seguridad Humana, entre otros.
Por ello, hizo un llamado a los líderes presentes a tomar decisiones vinculantes que permitan ampliar ese avance histórico que se ha logrado en el Gobierno de Gustavo Petro: “debemos capaces de lograr transitar de esa ola de violencia del proyecto de la muerte hacia la posibilidad de la esperanza, de una vida digna donde podamos caminar con libertad. Por eso vamos a seguir restituyendo los territorios para restituir las memorias históricas de nuestra patria, para restituir nuestros procesos, restituir nuestros caminos y de esa manera cuidar y proteger nuestra Madre Tierra”.
Sinergia con la Rama Judicial
Claudia Expósito, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, intervino para recalcar los avances que ha tenido la Rama Judicial en materia de restablecimiento de derechos, dejando un balance positivo sobre lo alcanzado en estos años, a partir de un enfoque garantista.
“Hoy, se caracterizan las sentencias de restitución de tierras por la naturaleza integral de sus órdenes. Más allá de la devolución material del predio, los jueces disponen medidas de reparación integral y coordinan la actuación de múltiplesentidades del Estado, acercando esta justicia a un modelo restaurativo, con impactos tanto individuales como colectivos. Como resultado, se ha consolidado una jurisprudencia robusta, coherente y protectora del derecho a la restitución”, afirmó.
Las víctimas en el centro de las políticas públicas
Desde el Gobierno Nacional, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y
Desarrollo Rural, coincidió en resaltar el enfoque garantista como uno de los
principales hitos alcanzados en esta administración: “hemos llevado más de 8,6 millones de hectáreas al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, recordando que recibimos como política la negación de las solicitudes de restitución —cuando teníamos más de 65% de negaciones de esas víctimas del conflicto que reclamaban ser inscritas para reclamar la restitución de sus tierras—. Hoy, cerramos un gobierno donde las negaciones están en el 28%. Revertimos una lógica de injusticia con las víctimas del conflicto armado”
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Así mismo, argumentó que salvar el tramite de la Jurisdicción Agraria resulta fundamental en esa estrategia de reforzar la articulación del Estado para poder cumplirle a las comunidades y finalmente saldar la deuda histórica que se tiene con las víctimas.
“El país debe pensar y construir una gran apuesta de transformación del campo colombiano, que pasa sin duda por reconocer y aprender de la implementación de la restitución de tierras —más de 10 años de justicia transicional, con grandes aprendizajes—, de revertir la lógica de la injusticia del acaparamiento y del desplazamiento, y que deben ser las bases sólidas para que no tengamos que acudir nuevamente a la justicia transicional, sino construir una robusta justicia agraria que permita que se construya la paz”, concluyó.
La construcción de estrategias continúa
Hasta el viernes 8 de mayo, y a través de distintos paneles, el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras seguirá abordando estrategias para reforzar el trabajo conjunto y garantizar que las víctimas tengan reparación plena hacia 2031, año en que se prevé que Colombia haya consolidado su transformación social definitiva.
Pero una cosa es clara: la articulación institucional y el protagonismo que el Gobierno de Gustavo Petro le ha dado a las comunidades está dejando hitos que demuestran cuál es el camino: ¡con dignidad, estamos cumpliendo! Unidad de Restitución de Tierras
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