• Así lo ha detectado la Contraloría General de la República, al analizar la motivación de sus fallos con responsabilidad fiscal en el sector salud.  
• Otras dos modalidades habituales son la sustracción y aprovechamiento de los recursos, para lucro de sus propiciadores, y la intermediación de funciones y recursos a cargo exclusivo de las EPS.  
• El tema es analizado en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, dedicada a lo que le puede suceder al sector salud en la pospandemia.  
• En el editorial de la revista, el Contralor Carlos Felipe Córdoba considera que, después de la pandemia, es ineludible la reestructuración del sector de la salud no solo para aumentar sus presupuestos, sino para agilizar la distribución de eso recursos.  
• Dice también que lo menos el 60 por ciento de los hospitales públicos del país tienen graves problemas financieros.  
• Reseña de la más reciente edición de la revista Economía Colombiana.  
• Escriben el presidente de Anif y exministro de Salud, Mauricio Santa María, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, el Decano de Medicina de la Javeriana, Carlos Gómez Restrepo, y la presidente de Asocajas, Adriana Guillén.  
• También la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, la médica Fernanda Hernández y dos reconocidos investigadores: los profesores Manuel Vega Vargas y Oscar Rodríguez Salazar.  
• Analistas coinciden en que se debe enfrentar decididamente la corrupción en el sector y fortalecer el modelo preventivo del sistema de salud.  
• La revista incluye además un documento del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el “Estado actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 

– La indebida formulación y pago de recobros y los sobrecostos en medicamentos, están a la cabeza de las modalidades más frecuentes de menoscabo a los recursos parafiscales de la salud, según ha podido establecer la Contraloría General de la República. 

Otra modalidad que está a la par es la intermediación indebida de los recursos de la UPC, con el traslado de funciones que están directa y exclusivamente a cargo de las EPS, a terceros que no están habilitados por la ley. 

Y claro, no puede faltar la sustracción y aprovechamiento de los recursos, desviados con el objeto de acrecentar el patrimonio particular. 

El tema de “Responsabilidad fiscal y protección de los recursos de la salud” es abordado por la Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, Claudia Serrano Evers, en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, dedicada esta vez a analizar, desde distintas perspectivas, cómo le irá al sector salud en la pospandemia. 

La línea doctrinal de la CGR, contenida en sus fallos de responsabilidad fiscal y elaborada con base en la realidad probatoria de cada expediente, ha permitido fijar precedentes o tipologías de diversas modalidades de menoscabo de los recursos parafiscales de la salud, de los cuales se destacan los antes referidos. 

De igual modo, en la Contraloría General de la República se adelantan actuaciones para verificar si, a pesar de los reiterados pronunciamientos que ha hecho sobre la indebida destinación y aprovechamiento de los recursos, algunas EPS en la actualidad han incurrido presuntamente en: 

✱ La erogación de gastos de administración dentro de la franja de la UPC, por productos o servicios que no se prestaron o no se utilizaron. 

✱ Pagos de anticipos por servicios de salud que no se prestaron. 

✱ Omisión de la gestión de cobro de cartera dentro de procesos liquidatorios en desmedro de los recursos parafiscales. 

✱ Pago de créditos que no tienen relación de conexidad con la prestación de los servicios a los usuarios. 

✱ Adquisición de equipos e inmobiliario no relacionados con dicha prestación. 

✱ Y pago de transporte de personal administrativo. 

Restructuración del sector salud: Contralor 

En el editorial de la revista Economía Colombiana, el Contralor Carlos Felipe Córdoba dice que después de la pandemia, Colombia enfrentará sustanciales e impactantes cambios en su derrotero social y económico y uno que definitivamente resulta ineludible es la reestructuración del sector salud, no solo para aumentar sus presupuestos, sino para agilizar la distribución de esos recursos. 

También se requiere tomar esta decisión para garantizar que los dineros de la salud se orienten hacia la modernización tecnológica de la política sanitaria y el apoyo suficiente a la investigación científica y la ciencia médica, puntualiza el jefe del organismo del organismo de control. 

El Contralor señala que por lo menos el 60 por ciento de los hospitales públicos del país tienen graves problemas financieros, a pesar de que anualmente se incorporan inmensos recursos por parte de la Nación y los territorios para atender al sector.  

“Los dineros destinados no fluyen con la diligencia requerida por ineficiencias en la contratación, por el exceso de trámites burocráticos, enredados procedimientos administrativos y, lo que es peor, por la corrupción en algunos eslabones de la cadena”, asegura. 

“Ahí tenemos un desafío enorme: trabajar por una nueva política de salud, por nuevos diseños presupuestales, por una acción más contundente de los organismos de control, por una protección integral para quienes trabajan en clínicas, hospitales y entidades sanitarias, no solo en la parte laboral sino también en la operativa. Construir un sistema humanamente más cercano a la gente, como nos enseñaron el coronavirus y la cuarentena que vivimos con ejemplos dolorosos y dramáticos”, sostiene. 

Manos sucias de la corrupción no dieron tregua en plena pandemia 

El Contralor Carlos Felipe Córdoba lamentó que las manos sucias de la corrupción no hayan descansado ni siquiera en medio de la tragedia social que ha traído la pandemia para millones de colombianos. 

“Es increíble que una parte de las ayudas decretadas por el gobierno para aliviar el drama de quienes han tenido que confinarse en sus casas, sin empleo y sin dinero para auxiliar a sus familias, fueran objeto del asalto de intermediarios canallas que, aprovechando la urgencia de la asistencia social, no dudaron en realizar sus tramposos negocios con la comida y los subsidios de los más necesitados”. 

“Por fortuna, fueron puestos al descubierto muy temprano y recibirán rápidamente enérgicas sanciones por parte de la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República”, indicó. 

“Es una triste situación que el país rechaza indignado y que nos sacude y estimula para no descansar en el objetivo de llevarlos a la cárcel y recuperar los dineros robados a los débiles presupuestos sociales del país”, agregó. 

Recordó el Contralor General que a la Contraloría le correspondió prácticamente estrenar el nuevo modelo de control fiscal al calor de la crisis desatada por la pandemia. 

Preocupación de la CGR por ejecución de  

recursos de salud a nivel departamental 

Por su parte, la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, escribió un artículo sobre el control concurrente que ejerce la CGR a los recursos de la salud. 

La labor de la Contraloría se centra en verificar el flujo de los 4 billones de pesos que las EPS reciben cada mes, pero con especial énfasis en el comportamiento del giro directo desde la Adres a los hospitales y clínicas, que es el 68 % de la UPC en el régimen subsidiado, cerca de 5,4 billones de pesos en los primeros cuatro meses de 2020, explicó. 

Anotó también que la Contraloría General de la República actuará de forma articulada con las contralorías territoriales para que los recursos de la salud pública colectiva se ejecuten oportunamente y con suficiencia.  

Recordó que cada mes el sistema de salud gestiona alrededor de 4,5 billones de pesos, que no pueden quedar en cuentas bancarias ante tantas necesidades del servicio de salud. 

Y, adicionalmente, reveló que -de acuerdo los resultados preliminares de un estudio que adelanta la dependencia a su cargo- la oportunidad en la ejecución de los recursos para la salud es incompleta en la mayoría de las entidades territoriales departamentales, por lo que se ha encontrado al analizar en lo sucedido en los cuatrienios de los gobiernos 2012-2015 y 2016-2019. 

El análisis inicial realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Salud encontró que en el periodo 2012-2015, de 3,7 billones de pesos disponibles del SGP para salud pública, solo se ejecutó el 59%, pero lo más preocupante es que en 2012 –primer año de gobierno– se ejecutó solo la tercera parte de los 0,72 billones disponibles.  

Reseña de artículos de la revista Economía Colombiana 

*“Amenazas, retos y avances de la salud en Colombia”, donde el exministro de Salud y actual presidente de Anif, Mauricio Santa María, considera que para seguir contando con un sistema bueno y que mejore en calidad es clave reducir la corrupción en todos los eslabones de la cadena de prestación del servicio, sobre todo a escala territorial. 

“Es necesario profundizar en la vigilancia de los recursos, para que estos cumplan su propósito social y lleguen a los territorios más asediados por la pobreza, la desigualdad y con mayores necesidades en atención de su población. 

“Es clave erradicar la corrupción y evitar que el gasto en salud que hacemos todos los colombianos termine en desviaciones ilegales de recursos hacia funcionarios públicos o contratistas privados. Esta tarea requiere el trabajo conjunto, coordinado y controlado de todo el aparato institucional que respalda al sistema. Solo de esta manera el sistema de salud podrá mantener los estándares que se ha planteado y continuar con los avances ejemplares en materia de política pública social”.

¨*“Retos que enfrenta el financiamiento del Sistema de Salud”, del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. 

Considera que “El país debería pensar en hacer una transición hacia mecanismos de financiación a través de impuestos generales, lo que permitiría tener un flujo estable de recursos que irriguen al sistema al mismo tiempo que se reducen los costos laborales 

Asimismo, estima que la sostenibilidad del sistema dependerá del éxito que tengan las políticas consignadas en el Acuerdo de Punto Final, en materia de saneamiento y transformación de los mecanismos de gestión y financiación. 

“La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 pone de presente, ahora más que nunca, la importancia de contar con un sistema de salud sólido, con ingresos crecientes en el tiempo y con mecanismos de control al gasto que permitan consolidar un sistema cada vez más equitativo, progresivo y eficiente”, concluye. 

*“Tormenta perfecta: Covid-19, petróleo y economía”, del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. 

Afirma que la incertidumbre no debe ser un obstáculo para actuar cuando de por medio hay vidas por salvar. Las empresas del Estado o las que tienen participación estatal están abocadas a formar parte activa de la solución. “Debemos entender que, con el fin de salvar vidas y puestos de trabajo, tendrán que tomar decisiones difíciles”. 

Y subraya también: lo más importante para Ecopetrol será “no desaprovechar esta crisis”, mantener sus costos bajo control, renegociar con sus proveedores, mantener la caja y una estricta “disciplina de capital”, sabiendo en qué gastar, en qué invertir y seguir creyendo en las apuestas estratégicas que ha hecho para garantizar su crecimiento de largo plazo.  

*“El sector salud y las Cajas de Compensación Familiar”, de la presidente de Asocajas, Adriana Guillén. 

Afirma que el país tendrá que promover, necesariamente, un acuerdo social en el que se definan los beneficios financiados con los recursos del sistema de salud y se convoquen otros sectores que contribuyan para dar respuesta a las necesidades de la población de una manera intersectorial. 

“El reto del sistema de salud es el de generar un mayor compromiso de los agentes en el desarrollo de un modelo de atención centrado en el usuario y el fortalecimiento de la cultura ciudadana que fomente el autocuidado y la protección de los recursos de la salud, lo cual sin duda contribuye al bienestar general de la población, tarea cotidiana de las Cajas de Compensación Familiar”. 

*“Limitaciones del aseguramiento social basado en el lucro”, del Profesor Oscar Rodríguez Salazar, del Grupo de Protección Social de la Universidad Nacional.  

Sostiene que con una cobertura de afiliación cercana al 95 %, era de esperarse que el sistema de salud colombiano garantizase el acceso oportuno y de calidad a la prestación del servicio; sin embargo, está mostrando toda su fragilidad para hacer frente a la actual pandemia. 

Rodríguez Salazar considera que se debe lograr una reforma al sistema de salud que garantice la prevención y el acceso en condiciones de equidad. 

*“El Sector Salud frente a la pandemia”, del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, Carlos Gómez Restrepo: 

Dice que “El acuerdo de punto final, visto con optimismo y considerado por algunos medios de comunicación como la “luz al final del túnel”, se ve sacudido ante las amenazas de la pandemia y las nuevas demandas a un sector vulnerable y ya debilitado”. 

Y considera que, a raíz de la actual pandemia, se debe orientar el rumbo para cambiar decididamente hacia la prevención. “El fortalecimiento del modelo preventivo es, quizás, la mejor decisión para prepararnos ante futuros eventos en salud por agentes emergentes y reemergentes que amenazan la salud humana”. 

*“Corrupción en Salud. En tiempos de pandemia por Covid-19”, del médico y profesor Manuel Vega Vargas. 

Sostiene que la coyuntura hace evidente la necesidad de poner en juego una estrategia anticorrupción específicamente sectorial, que permita captar la especificidad y complejidad de este fenómeno en el campo de la salud y que responda rápida y eficazmente al desarrollo de la pandemia.  

“En la medida en la que se activen mecanismos de transparencia, gobernanza y participación social para vigilar los recursos destinados a esta crisis es posible ganar valiosos aprendizajes para luchar contra la corrupción en el futuro”.  

“Tenemos la oportunidad de hacer de esta pandemia de COVID-19 un laboratorio para probar las vacunas institucionales y sociales destinadas a enfrentar nuestra crónica pandemia de corrupción en salud, que persiste en tiempos de “normalidad”. 

*“El periodismo en medio del Covid-19”, reflexión que hace la médica Fernanda Hernández, especialista en epidemiología, presentadora de la sección de Salud en Noticias Caracol. 

Sostiene que los periodistas pueden salvar vidas con pedagogía, sin dejar a un lado las denuncias.  

“Que brillen el rigor y el buen criterio y que, por encima de los intereses particulares, se imponga el interés fundamental, que es la protección de la vida y el bienestar de la población”, clama la doctora Fernanda. 

*La revista trae además un documento del Ministerio de Salud y Protección Social donde expone el “Estado actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, y señala que, de acuerdo con las proyecciones para la vigencia 2020, el costo por concepto de aseguramiento de la población colombiana asciende a cerca de 55,1 billones de pesos. 

*También reproduce un fragmento de “El amor en los tiempos del cólera”, novela del escritor Gabriel García Márquez, donde se hace una premonición del coronavirus al referirse a “la epidemia del cólera morbo”, que “había causado en once semanas la más grande mortalidad de nuestra historia”. 

• Los hechos corresponden a un contrato de 2010, por valor de $1.965 millones, para de las redes de alcantarillado sanitario y disposición final en el municipio de Chimichagua.  
• La Contraloría evidenció que las obras se encuentran inconclusas sin prestar servicio a la comunidad  

– La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.272 millones de pesos contra el exalcalde del municipio de Chiriguaná (Cesar), Rigoberto Pérez Cano, por unas obras inconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final, en los corregimientos de El Guamo y La Vega. 

Según se determinó en visita técnica del organismo de control, realizada en el marco del correspondiente proceso fiscal, las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapas en concreto. Además, se desconoce el estado actual de la tubería instalada. 

La Gerencia Departamental de la CGR en el Cesar concluyó que existen indicios que demuestran la existencia de daño al patrimonio del Estado en la ejecución del Contrato No. 038 de 2010, por el valor del anticipo pagado al contratista de $980.736.23, que indexado a la fecha es $1.272.871.363. 

Esto en razón a que las obras ejecutadas están inconclusas, no prestan servicio y no están cumpliendo los fines esenciales del Estado.  

Del mismo modo, se concluyó que, con las obras ejecutadas hasta la fecha, no es posible que el sistema pueda funcionar, ya que se necesita un sitio de disposición y tratamiento de las aguas residuales recolectadas en las redes construidas, de lo contrario el sistema colapsaría, conforme lo argumenta el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

Según la norma, el concepto de integralidad implica, que no se puede realizar ni el diseño ni la construcción de alguna de las partes del sistema de alcantarillado, sin tener en cuenta los efectos que se van a tener sobre las otras y que los diferentes componentes del mismo deben correlacionarse entre sí, de tal manera que sean funcionales y garanticen los objetivos de descontaminación para los cuales fueron planeados.