• El Decreto 531 del 8 de abril de 2020, de nueve artículos, firmado por el Presidente Iván Duque Márquez y los 18 ministros del gabinete, ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena Nacional “de todas las personas habitantes de la República de Colombia” durante 14 días, a partir de las cero horas del 13 de abril y hasta las cero horas del 27 de abril

.• Con el fin de que la Cuarentena Nacional se haga efectiva, la norma “limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, con 35 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes del país

.• La norma determina que las personas que desarrollen las actividades mencionadas en las 35 excepciones “deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud para el control de la pandemia del covid-19”.

 • El Gobierno Nacional también ordena a los alcaldes y gobernadores velar para que no se “impida, obstruya o restrinja” el pleno ejercicio de los derechos del personal médico y “demás vinculados con la prestación del servicio de salud ni se ejerzan actos de discriminación en su contra”, en el territorio nacional.

 • El Gobierno, en el marco de esta emergencia sanitaria por el covid-19, ordena la suspensión del transporte doméstico por vía aérea. Larestricción regirá a partir de las cero horas del 13 de abril, hasta las cero horas del 27 de abril.

Bogotá, 9 de abril de 2020.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 531, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el territorio colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 13 de abril, hasta las cero horas del 27 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus covid-19.

El Decreto, de nueve artículos, firmado por el Presidente Iván Duque Márquez y los 18 ministros del gabinete, ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena Nacional “de todas las personas habitantes de la República de Colombia” durante el periodo de tiempo establecido, y como medida para enfrentar la pandemia.

En ese contexto, con el fin de que el aislamiento se haga efectivo, la norma “limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, con 35 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes del país.

Por lo tanto, el artículo 3, Garantías para la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio, señala que “Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades”.

Entre las excepciones contempladas están: asistencia y prestación de servicios de salud; adquisición de bienes de primera necesidad; desplazamiento a servicios bancarios y servicios notariales; asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado.

También, las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de organismos internacionales humanitarios y de salud; la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados; la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales.

Así mismo, las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias, y los servicios funerarios.

La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio.

Igualmente, se exceptúan las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa; las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.

La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 

El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas y zonas comunes de edificaciones.

Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo; el funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.

El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad, en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicos y privados.

El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria par causa del coronavirus covid-19.

Este artículo tiene 7 parágrafos, el primero de los cuales señala que “las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones”.

Igualmente, el parágrafo 6 señala que “las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del coronavirus covid-19”. 

También señala este parágrafo que “así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del covid-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”.

El parágrafo 7 indica que “las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior”.

La norma ordena a los gobernadores y a los alcaldes del país adoptar “las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas” en sus respectivos territorios. 

Garantías al personal médico y del sector salud 

Así mismo, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 531, también ordena a los alcaldes y gobernadores velar para que no se “impida, obstruya o restrinja” el pleno ejercicio de los derechos del personal médico y “demás vinculados con la prestación del servicio de salud ni se ejerzan actos de discriminación en su contra”.  

Igualmente, la norma determina que quien viole las medidas adoptadas y las instrucciones dadas se verá sujeto a sanción de tipo penal prevista en el artículo 368 del Código Penal.

Dicho artículo indica que quien viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro 4 a 8 años y, además, tendrá que pagar las multas que ordena el Decreto 780 de 2016, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

También señala que los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto se enfrentarán a las que haya lugar.

Suspensión de transporte aéreo doméstico

Mediante el Decreto 531, el Gobierno, en el marco de esta emergencia sanitaria por el covid-19, ordena la suspensión del transporte doméstico por vía aérea. Dicha restricción regirá a partir de las cero horas del 13 de abril, hasta las cero horas del 27 de abril.

No obstante, el decreto explica que solo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea en casos de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, y en caso fortuito o fuerza mayor.

La norma determina que “se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19”, y sostiene que es fundamental garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga de importaciones y exportaciones.

Prohibición de consumo de bebidas embriagantes

Con el Decreto 531, el Gobierno Nacional ordena a los alcaldes y gobernadores prohibir el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y en establecimientos de comercio, a partir de la vigencia del presente decreto y hasta el día 27 de abril de 2020.

Sin embargo, aclara que por este decreto “no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes”.

El Decreto 531 rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por medio del cual se impartieron instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en el territorio nacional, entre las cero horas del 25 de marzo y las cero horas del 13 de abril. 

(Fin/mha/ncb)

•  El Decreto 531 señala que la comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio.•  La adquisición de bienes de primera necesidad, como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población hace parte de las actividades de excepción incluidas en la norma.• Durante el Aislamiento se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para la adquisición de bienes de primera necesidad y/o para hacer uso de los servicios bancarios, financieros y de operadores de pago.• Entre las excepciones también se incluye la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. Además, la revisión y atención de emergencias y afectaciones viales.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, por medio del cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el territorio colombiano, que incluye 35 casos o actividades en las que se permitirá la circulación de las personas, con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia.

El Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena Nacional regirá a partir de las cero horas del 13 de abril de 2020, hasta las cero horas del 27 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus covid-19.

Estas son las 35 actividades o casos cobijados por el Decreto para la libre circulación de las personas:

1-Asistencia y prestación de servicios de salud.

2-Adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.

3-Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, y a servicios notariales.

4-Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado.

5-Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

6-Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.

7-La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud.

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud.

8-Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias.

9-Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

10-La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza de ordinario consumo en la población-, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes.

11-La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-; productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el trasporte de las anteriores actividades.

12-La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio.

13-Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

14-Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19.

15-Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa.

16-Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.

17-Las actividades de dragado marítimo y fluvial.

18-La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.

19-La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse.

20-La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. 

21- La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19.

22- Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del presente decreto.

23-La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes.

24-Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19.

25-El funcionamiento de la infraestructura critica -computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas. ·

26-El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico.

27-El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se desarrollen las actividades de que trata el presente artículo.

28-Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas Licuado de Petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y telefonía.

29-La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales.

El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos en los cuales se prestará el servicio notarial, garantizando la prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional.

30-El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.

31-El abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad – alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población- en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas.

32-Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.

33-Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.

34- Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales -BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y Protección Social.

35-El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19.

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades descritas en el numeral 2 y 3.

Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 deba salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de apoyo.

Parágrafo 4. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía.

Parágrafo 5. Las excepciones contempladas en los numerales 12 y 23, podrán ser desarrolladas, mientras dure la medida de aislamientopreventivo obligatorio, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Parágrafo 6. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo deberán cumplir con losprotocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del coronavirus covid-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del covid-19 adopten o expidan los diferentes ministeriosy entidades del orden nacional y territorial.

Parágrafo 7. Las excepciones que de manera adicional se considerennecesarias adicionar par parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio delInterior.

Adicionalmente, el Decreto 531 determina que “se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19”, y los 35 casos o actividades mencionadas anteriormente.

Por último, indica que se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga de importaciones y exportaciones.

(Fin/mha/ncb)

 Con la Justicia Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto se han beneficiado 3.668 personas en lo corrido de 2020 y durante el 2019, solo en los departamentos de La Guajira, Cauca, Magdalena y Valle del Cauca, fueron atendidas 10.117 personas.

• Esta estrategia interinstitucional del Ministerio de Justicia y del Derecho se desarrolla en el marco del convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y se ha venido trabajando en 26 departamentos.
Bogotá, 9 de abril de 2020. Este jueves, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (por ley, el 9 de abril), el Ministerio de Justicia y del Derecho, informó que, hasta marzo pasado,  atendió y orientó a más de 122 mil víctimas de la violencia en 26 departamentos del país.
La piedra angular de este proceso ha sido la Justicia Móvil, estrategia de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, que se adelanta en un vehículo adaptado como oficina en la que con equipos de alta tecnología se brinda atención personalizada.
Tal misión, que se cumple en asocio con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tiene como objetivo superar las barreras de acceso a la justicia en los territorios, para que las víctimas cuenten con orientación para acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otras normativas.   Con la Justicia Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto se ha beneficiado a 3.668 personas en lo corrido de 2020 y durante el 2019, solo en los departamentos de La Guajira, Cauca, Magdalena y Valle del Cauca, fueron atendidas 10.117 personas. De igual manera, se han realizado capacitaciones para funcionarios públicos y víctimas del conflicto acerca del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), y sobre las rutas de protección de las víctimas y los mecanismos de participación previstos en las instancias de la Justicia Transicional.
Otras acciones  Así mismo, se han desarrollado procesos formativos con enfoque de género -dirigidos a mujeres víctimas y sus organizaciones- y acompañamientos en la elaboración de informes ante la JEP para promover la participación de  las víctimas.
Igualmente, se han generado Iniciativas con Balance Positivo – metodología propia de FUPAD (Fundación Panamericana para el Desarrollo)-, que pretende generar en las comunidades procesos de autogestión, empoderamiento, construcción de capital social y promoción de la cultura de la legalidad. Finalmente, se han entregado ayudas humanitarias a comunidades víctimas del conflicto que buscan superar de manera integral la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Tales ayudas están representadas en 1.713 kits alimentarios, cuatro ferias de servicios de acceso a la justicia y el acompañamiento a 2.050 ciudadanos por medio de talleres de atención psicosocial. Al respecto, la Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Any Lorena Váquiro, señaló que “fortaleceremos el conocimiento de las víctimas respecto a sus derechos y a los mecanismos de participación previstos en las instancias de Justicia Transicional vigentes, particularmente en el SIVJRNR”. 
Y añadió, que también continuarán potenciándose “los procesos de autogestión y la asignación de recursos para garantizar la participación de las víctimas en los incidentes de reparación integral”. “Esta es una fecha para la reflexión sobre el inmenso costo social que deja la violencia en nuestro país, pero también para ratificar el compromiso del Ministerio de Justicia y del Derecho con la consolidación de los derechos para con nosotros, las víctimas, y nuestra reparación”, aseguró Dane Abella, habitante de Zarzal, Valle del Cauca.
(Información del Ministerio de Justicia y del Derecho)
(Fin/lms/bco)• Con la Justicia Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto se han beneficiado 3.668 personas en lo corrido de 2020 y durante el 2019, solo en los departamentos de La Guajira, Cauca, Magdalena y Valle del Cauca, fueron atendidas 10.117 personas.

• Esta estrategia interinstitucional del Ministerio de Justicia y del Derecho se desarrolla en el marco del convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y se ha venido trabajando en 26 departamentos.
Bogotá, 9 de abril de 2020. Este jueves, en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (por ley, el 9 de abril), el Ministerio de Justicia y del Derecho, informó que, hasta marzo pasado,  atendió y orientó a más de 122 mil víctimas de la violencia en 26 departamentos del país.
La piedra angular de este proceso ha sido la Justicia Móvil, estrategia de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, que se adelanta en un vehículo adaptado como oficina en la que con equipos de alta tecnología se brinda atención personalizada.
Tal misión, que se cumple en asocio con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tiene como objetivo superar las barreras de acceso a la justicia en los territorios, para que las víctimas cuenten con orientación para acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otras normativas.   Con la Justicia Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto se ha beneficiado a 3.668 personas en lo corrido de 2020 y durante el 2019, solo en los departamentos de La Guajira, Cauca, Magdalena y Valle del Cauca, fueron atendidas 10.117 personas. De igual manera, se han realizado capacitaciones para funcionarios públicos y víctimas del conflicto acerca del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), y sobre las rutas de protección de las víctimas y los mecanismos de participación previstos en las instancias de la Justicia Transicional.
Otras acciones  Así mismo, se han desarrollado procesos formativos con enfoque de género -dirigidos a mujeres víctimas y sus organizaciones- y acompañamientos en la elaboración de informes ante la JEP para promover la participación de  las víctimas.
Igualmente, se han generado Iniciativas con Balance Positivo – metodología propia de FUPAD (Fundación Panamericana para el Desarrollo)-, que pretende generar en las comunidades procesos de autogestión, empoderamiento, construcción de capital social y promoción de la cultura de la legalidad. Finalmente, se han entregado ayudas humanitarias a comunidades víctimas del conflicto que buscan superar de manera integral la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Tales ayudas están representadas en 1.713 kits alimentarios, cuatro ferias de servicios de acceso a la justicia y el acompañamiento a 2.050 ciudadanos por medio de talleres de atención psicosocial. Al respecto, la Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Any Lorena Váquiro, señaló que “fortaleceremos el conocimiento de las víctimas respecto a sus derechos y a los mecanismos de participación previstos en las instancias de Justicia Transicional vigentes, particularmente en el SIVJRNR”. 
Y añadió, que también continuarán potenciándose “los procesos de autogestión y la asignación de recursos para garantizar la participación de las víctimas en los incidentes de reparación integral”. “Esta es una fecha para la reflexión sobre el inmenso costo social que deja la violencia en nuestro país, pero también para ratificar el compromiso del Ministerio de Justicia y del Derecho con la consolidación de los derechos para con nosotros, las víctimas, y nuestra reparación”, aseguró Dane Abella, habitante de Zarzal, Valle del Cauca.
(Información del Ministerio de Justicia y del Derecho)
(Fin/lms/bco)

• El Jefe de Estado resaltó este jueves que los funcionarios y contratistas, con salarios que oscilen entre los 10 y 15 millones de pesos, aportarán el 10% durante cuatro meses para apoyar a los trabajadores independientes y la clase media, y señaló que para quienes “tengan ingresos superiores a los 15 millones de pesos, la contribución será del 15%”.

• “Son cuatro meses donde nosotros queremos, todos, hacer este aporte, y que este aporte sirva para que se note ese mensaje de solidaridad al pueblo colombiano en un momento que así lo exige”, subrayó el Mandatario durante el programa de televisión ‘Prevención y Acción’, que se transmite por el Canal Institucional, los canales privados y regionales.

• El Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, hizo énfasis en que la medida de la contribución solidaria “se va a extender a los contratistas del Estado o personas naturales que tienen esa condición, para que todos los que hoy tenemos un salario asegurado seamos solidarios con una destinación específica, para dirigirla a estas personas que más lo necesitan”.

 El Presidente Iván Duque Márquez anunció este jueves que el Gobierno Nacional expedirá un decreto, la próxima semana, para que los funcionarios (empleados públicos) y contratistas con salarios de más de 10 millones de pesos hagan una contribución solidaria para ayudar a trabajadores independientes y a la clase media, en el marco de la emergencia por el coronavirus covid-19.
“Este es un componente de solidaridad y será a partir de ingresos superiores a los 10 millones de pesos”, destacó el Jefe de Estado, quien explicó que por salarios que oscilen entre los 10 y 15 millones de pesos el aporte será del 10% durante cuatro meses, y los “que tengan ingresos superiores a los 15 millones de pesos, la contribución será del 15%”, por el mismo periodo de tiempo de cuatro meses.
El anuncio lo hizo el Mandatario durante el espacio de televisión ‘Prevención y Acción’, que se transmite diariamente por el Canal Institucional, los canales privados y regionales, en el cual señaló que ya impartió instrucciones a su equipo económico para que se avance con celeridad en ese propósito solidario.
“Los funcionarios del Estado que tenemos salarios que son altos, todos, tenemos también que contribuir y tenemos que contribuir de manera clara”, dijo el Presidente.
En este contexto, agregó que “le he dado una instrucción muy clara al equipo económico, y es que por un periodo de cuatro meses tengamos esa contribución especial de los salarios altos del Estado para que por esa vía también podamos atender muchas de estas líneas hacia la clase media, hacia los trabajadores independientes, y que tenga, además, esa destinación específica”.
“Son cuatro meses donde nosotros queremos, todos, hacer este aporte, y que este aporte sirva para que se note ese mensaje de solidaridad al pueblo colombiano en un momento que así lo exige”, subrayó el Mandatario.
El Jefe de Estado señaló que para tomar esta decisión se escucharon muchas voces y agradeció a quienes vienen elevando estas propuestas en beneficio de los colombianos.
A su turno, el Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien acompañó al Presidente Duque en el espacio televisivo, también puso de relieve el aporte solidario de los funcionarios del Estado. 
“Es importante lo que usted dijo, Presidente, la solidaridad que debemos tener los funcionarios públicos al poner parte de nuestros ingresos, pues hoy somos de las pocas personas que tenemos los ingresos asegurados”, aseveró Londoño.
Por último, el Viceministro hizo énfasis en que la medida “se va a extender a los contratistas del Estado o personas naturales que tienen esa condición, para que todos los que hoy tenemos un salario asegurado seamos solidarios con una destinación específica, para dirigirla a estas personas que más lo necesitan”.
(Fin/mha/ncb)

• Órganos de control abogan porque los recursos públicos no sean utilizados para gastos suntuarios, publicidad innecesaria asociada al COVID-19, pago de deudas de las entidades,  y contratos y compras que no permitan atender la emergencia. 

– La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República recomendaron al Gobierno Nacional adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las Entidades Territoriales los insumos de especial prioridad, necesarios para impulsar la preparación, prevención y contención del COVID-19. 
Estos mecanismos permitirían agrupar las necesidades comunes de las distintas entidades y comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia, así cómo coordinar, revisar y dar directrices respecto de la calidad y oportunidad de lo que se compra en virtud de la Emergencia Social, Económica y Ecológica.
Además, instaron a Colombia Compra Eficiente a agilizar y dar celeridad al diseño, estructuración y puesta a disposición de las gobernaciones y alcaldías, de los Instrumentos de Agregación de Demanda necesarios para la compra de bienes y servicios imprescindibles para atender y mitigar la pandemia.
En desarrollo del programa ’Transparencia por la emergencia’, los órganos de control recordaron a los ejecutores del gasto que están vigilando y garantizando el uso eficiente de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos del coronavirus, por lo que alertarán de manera inmediata y sancionarán contundentemente el mal uso de esos fondos, y la vulneración de los derechos de los ciudadanos y del personal médico y del sector salud. 
El propósito de la Procuraduría y la Contraloría es proteger a la población más vulnerable con medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en las contrataciones, así como la transparencia y legalidad de cualquier gasto derivado de la emergencia. 
Las dos entidades hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos suntuarios, publicidad innecesaria asociada al COVID19, el pago de deudas de las entidades, y contratos o compras que no permitan atender la emergencia o que si bien están relacionadas con la pandemia resulten onerosas. 
Se están verificando conductas que no son admisibles, como: (a) la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies; (b) la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada que se ha visto afectada por la pandemia; (c) la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia; (d) contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados del Covid-19 dirigidos a población con acceso a televisión e internet que tienen información suficiente; (e) contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales; (f) contratos celebrados para el suministro de un número determinado de kits de elementos de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta; y (g) contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.
Finalmente, indicaron que es deber de las entidades territoriales, en atención a los artículos 4 y 6 del Decreto Ley 440 de 2020, preferir la compra de los bienes y servicios que están disponibles en las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado colombiano, que hoy pone a disposición, elementos como: alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores, yodo, entre otros.