*Según identificó la Central OCÉANO, promovida por el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, estos contratistas aparecen camuflados detrás de Consorcios, Uniones Temporales y como personas naturales.

*Se detectaron casos donde una misma persona se encarga en una entidad territorial de adquisición de maquinaria, dotación de calzado, provisión de refrigerios estudiantiles y hasta la celebración de reinados.

*La zona más afectada por la concentración de la contratación es la Región Caribe, con 41.029 registros o contratos por $20,4 billones de pesos. Le sigue el Eje Cafetero con contratos por $16,4 billones.

*La Central de Información Contractual OCÉANO representa el primer gran resultado, sólido y tangible, de la gestión del Contralor, y queda desde hoy a disposición de todos los órganos de control y vigilancia, incluidas la Fiscalía, la Procuraduría y las superintendencias.

*Al lanzamiento del libro Grandes Hallazgos asistieron el Fiscal y el Procurador.

Tras un minucioso trabajo de dos meses, donde se depuraron 8 millones de registros de contratos, para analizar finalmente casi la mitad (4,5 millones) por valor de $441,9 billones, otorgados por la administración pública en las vigencias 2016, 2017 y 2018, en todos sus niveles, un equipo especializado del Despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, logró conformar la más completa Central de Información Contractual del país, llamada OCÉANO, que ha puesto al descubierto una malla de contratistas que concentra una importante porción de estos contratos, por valor global de $60 billones de pesos.

Esos contratistas, plenamente identificados, se repiten y actúan camuflados detrás de Consorcios, Uniones Temporales, o a veces como personas naturales.

Esa malla de contratistas, que se hacen a esa importante porción de los negocios públicos en Colombia, apenas supera los 13.000 integrantes, un número que habla de una dramática falta de transparencia y de la ausencia del principio de la libre concurrencia de proponentes.

De hecho, el 40,5 por ciento de los contratos revisados fueron adjudicados directamente y apenas en un 26,4 por ciento de los casos se utilizó en mecanismo de la licitación pública.

La Contraloría comprobó que la administración no conoce o ignora el perfil básico de sus contratistas y no siempre tiene en cuenta sus antecedentes.

Pero más grave aún: descubrió que entre personas que obtuvieron jugosos contratos pese a estar inhabilitados disciplinaria y fiscalmente, sobre todo a nivel territorial.

En numerosos casos la experiencia y la calidad de los integrantes de esas mallas brillan por su ausencia.

Contratistas que hacen de todo

Uno de los casos más llamativos y frecuentes es el de contratistas que hacen presencia en distintas regiones del país o donde su tienen su centro de operación, realizando actividades absolutamente disimiles.

Causa así desconcierto encontrar que una misma persona se encarga en una entidad territorial de la adquisición de maquinaria, dotación de calzado, de la provisión de los refrigerios estudiantiles y hasta de la celebración de reinados.

Y hay otro contratista que suministra cajas fúnebres e insumos agrícolas y, al tiempo, aparece en otro contrato adecuando estaciones de policía.

La zona más afectada es la Región Caribe, con 41.029 registros o contratos por $20,4 billones de peos. Le sigue el Eje Cafetero con contratos por $16,4 billones.

Córdoba Larrarte habló en el marco del lanzamiento del libro “Grandes Hallazgos”, que recoge las historias de los grandes casos de corrupción que destapó la administración de su antecesor, el excontralor Edgardo Maya Villazón (Reficar, PAE, Cartel de la Hemofilia y Elefantes Blancos, entre otros).

“Los $84.000 millones, reflejados en los hallazgos fiscales identificados por los auditores que revisaron los manejos del PAE, equivalen a los giros que durante el último año hizo el gobierno nacional a 56 instituciones de educación superior para garantizar su funcionamiento”, destacó el Contralor al referirse a este caso en particular.

¿Dónde se concentra la contratación?

El informe de mallas empresariales se hizo desagregando las uniones temporales y consorcios y verificando quiénes directamente se están quedando con la contratación.

Para este efecto, se analizaron casi 8 millones de registros de contratos, esa cifra se depuró y quedó en 4’504.980, por una cuantía de $449,9 billones de pesos.

Lo que hizo el equipo del Contralor General fue unir todos los sistemas de información de la contratación estatal y depurar esos registros de contratos, eliminado aquellos con información repetida, con Números de Identificación Tributaria mal incluidos o valores que no corresponden, por mencionar algunas situaciones.

Luego se hizo el ejercicio de la concentración contractual, mirando los contratistas que se repiten o duplican en la contratación, como personas naturales, a través de sociedades, consorcios, uniones temporales y representantes legales.

El objetivo era ver cómo se conecta esa contratación y cómo llega a concentrarse.

Como resultado de analizar esos más de 4 millones de contratos, por $449 billones, se determinó que la malla empresarial más grande maneja más de $60 billones de pesos en contratos, donde todos los contratistas se conectan.

Esta malla la conforman 13.203 personas y 14.305 consorcios y uniones temporales.

La concentración de esa sola malla es del 40.8%.

Esa malla más grande tiene a su vez submallas, siendo la de Región Caribe la más relevante y dentro de ella las de Atlántico, y Córdoba, donde existe la mayor concentración de contratistas en esa región.

Para cruzar información de la base de datos de la Contraloría, y teniendo identificados a los contratistas, se ha pedido la colaboración también de otras entidades como la Registraduría, la Procuraduría, Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y la misma CGR.

Casos emblemáticos

El primer informe de la administración del Contralor Carlos Felipe Córdoba sobre las mallas empresariales trae varios casos considerados emblemáticos, donde aparecen contratistas que ejecutan toda clase de servicios, a través de distintas empresas y también algunos que contratan pese a estar sancionados o inhabilitados.

Por mencionar un ejemplo, hay una persona a la que le aparecen contratos por mercados, compra de gallinas, mantenimiento de instrumentos de cuerda, instalación de parques y alimentación escolar. Un caso donde solo cabe preguntarse: ¿es posible que pueda hacer todo eso al tiempo?

También está el caso de un contratista que tiene dentro de sus servicios el de suministro de materiales de ferretería, pero también el de gallinas ponedoras.

Y hay uno con un valor total de contratación de $66 mil millones, que tiene entre sus objetos contractuales la adquisición de maquinaria, dotación de calzado, refrigerios estudiantiles y un reinado.

Esto es una muestra de la concentración de la contratación, donde se pierde la especificidad del contratista.

El llamado de atención de la Contraloría, en este sentido, es que los contratistas deben dedicarse a lo que es su experticia y no unirse para contratar por contratar, porque se pierde plata, quedan mal y no tienen de pronto el musculo financiero para abarcar tanta concentración

Pareciera también que algunos contratistas son sancionados o destituidos incluso y logran suscribir contratos antes que entren en vigencia esas sanciones, sabiendo de antemano que vienen las mismas, para alegar luego que no estaban inhabilitados cuando se les contrató.

Una herramienta que no tiene ninguna entidad pública

La malla empresarial es un término que ha acuñado Contralor Córdoba Larrarte desde hace varios años, para denominar así a las personas que se camuflan a través de uniones temporales y consorcios, para de alguna manera concentrar la contratación.

Para conformar la Central de Información Contractual (CIC), el equipo de la Contraloría a cargo, unió bases de datos como el Sistema Electrónico de Contratación Público (SECOP) y el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuentas (SIRECI) de la propia Contraloría General de la República y el sistema de contratación del Distrito Capital, entre otros, recopilando información de las vigencias 2016, 2017 y enero a septiembre de 2018, o sea para un período de 2 años y 9 meses.

Esto le ha permitido a la Contraloría tener un panorama completo de la contratación a nivel nacional.

Acceso abierto a OCÉANO

El resultado del análisis que se ha hecho con la Central de Información Contractual OCÉANO, revelado hoy por el Contralor, es preliminar. La información de las mallas empresariales y la concentración detectada será puesta en conocimiento de los Contralores Delegados sectoriales, para que antes de que se defina el Plan General de Auditoría (PGA) de 2019, programen sus auditorías, teniendo como insumo estos datos.

Se trata además de un aporte del Contralor y la Contraloría a la lucha contra la corrupción y una herramienta que quiere poner al servicio de todos los organismos de control, para que todos tengan acceso a la misma y trabajar juntos en la lucha contra la corrupción.

Para el Contralor, el objetivo a cumplir es que esta Central de Información Contractual llegué a funcionar en tiempo real y alimentada por todas las fuentes que sean necesarias y que, finalmente, en un futuro se pueda llegar a hacer una especie de “corrupción predictiva” y señalar con oportunidad contratos y modalidades donde se puedan dar irregularidades que afecten el patrimonio público.

Un nuevo sistema oportuno y confiable

Hoy día no existe un sistema de información de la contratación en el país que opere en tiempo real, sea oportuno y confiable. Los sistemas de información, existentes dan información a veces parecida o, lo contrario, diversas y contradictorias.

No se cuenta con un sistema unificado de contratación, donde se pueda ver en su integridad quiénes y dónde están contratando. Pero con la Central de Información Contractual Océano, la Contraloría General de la  República lo ha logrado, con la intención poder adelantarse a estas mallas y evitar otros Odebrecht y carteles de la contratación.